Polémica por el decreto que prohíbe avisos que promuevan la oferta sexual

El decreto de la presidenta de la Nación que prohíbe la publicación de avisos que promuevan la oferta sexual y que soliciten personas destinadas al comercio sexual fue publicado ayer en el Boletín Oficial y provocó reacciones diversas. Organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres manifestaron su apoyo a la medida –aunque pidieron que se avance en otros puntos–, mientras que el sindicato que nuclean a las trabajadoras sexuales expresó su firme rechazo. En los fundamentos del decreto, se menciona la implementación de medidas para prevenir y sancionar la trata de personas, así como remover "patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres". Trabajadoras. Desde la Asociación de Mujeres Meretrices (Ammar), sindicato que agrupa a trabajadoras sexuales, repudiaron la trata de personas con fines de explotación sexual y advirtieron que el decreto presidencial no sólo no acabará con esos delitos sino que, además, cercena el derecho a publicitar sus servicios. "El problema no son las formas de trabajo, sino la estigmatización y falta de reconocimiento de derechos de distintas tareas; eso es lo que la experiencia demostró que ha servido y sirve de caldo de cultivo para el crecimiento de las grandes redes delictivas", aseguró la asociación en un comunicado.Además, desde Ammar señalaron que "la creación de una Oficina de Monitoreo de publicación de avisos para el trabajo sexual es importante, pero no para monitorear su existencia, sino para detectar casos de trata de personas con fines de explotación sexual".Desde otro lugar, la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Graciela Ruiz, no se manifestó en contra de la medida pero dijo que el problema "no se resuelve con un decreto"."El Gobierno debe prestar atención a las redes de protección policial y legal, a cómo se controlan comercios donde se ejerce la prostitución, lugares prohibidos que llevan denominaciones eufemísticas".Y aseguró que con la oficina creada por el decreto "parece que se ataca al negocio publicitario pero no al negocio de la prostitución; ojalá se le ponga mucho contenido y se investiguen en serio los casos", dijo. Apoyos, y también pedidos. Desde el Inadi Córdoba celebraron el decreto y aseguraron que hace tiempo vienen trabajando para que no se publiquen más avisos de prostitución en los medios de comunicación. "Era uno de los grandes pedidos de la Red No a la Trata" y otras organizaciones, comentó Adriana Domínguez, titular de la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Opinó que "sólo las voces de las sindicalizadas están en contra, pero representan un muy bajo porcentaje del total de mujeres que ejerce la prostitución".Dijo que se debería avanzar para castigar al consumidor del trabajo sexual. "Siempre que haya demanda, va a haber prostitución. Pedimos que se sancione al prostituyente", comentó.Desde el Programa de Género de la Universidad Nacional de Córdoba también respaldaron el decreto aunque resaltaron la necesidad de avanzar con otras medidas. "Esto es una demanda de muchos años de organizaciones de la sociedad civil y el Movimiento de Mujeres que trabajan el tema de trata y de la mujer en situación de prostitución para que se achiquen las posibilidades de sumisión y explotación sexual", dijo Alejandra Domínguez, titular del programa. Aseguró que hay que avanzar en la discusión sobre la posibilidad de sancionar al cliente. Además, dijo que es necesario rever la exigencia de falta de consentimiento de la mujer adulta para que se configure el delito de trata. Mencionó también la necesidad de profundizar el abordaje, la asistencia y la atención de las mujeres rescatadas de las redes de prostitución.Desde Buenos Aires, Viviana Caminos, coordinadora de la Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y a la Explotación Sexual Comercial, de Niños, Niñas y Adolescentes (Ratt) manifestó que están "muy satisfechos con el decreto porque detrás de esos avisos hay redes de prostitución y trata". Caminos separó el problema de las mujeres que ejercen la prostitución, al señalar que "su ejercicio es legal y a ellas no hay que perseguirlas". En este sentido, consideró que "la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución se inician de chiquitas y sin consentimiento, no tuvieron la oportunidad de elegir; claro que después, sin haber aprendido otra cosa, es muy difícil salir".La diputada nacional por Córdoba Cecilia Merchán también apoyó la medida y aseguró que son necesarias otras, como reglamentar la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas. "Por ejemplo, el Título II de esta ley establece derechos de las víctimas de trata. Y, para que éstos no queden en meras declaraciones, es preciso que se determine el mecanismo a llevar adelante, tarea a cargo de la reglamentación", dijo. ¿Control de Internet? A su vez, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, anunció ayer que el Gobierno avanzará contra las páginas de Internet en las que se ofrece sexo, como una medida que complementa el decreto presidencial de la víspera, que prohíbe los avisos de prostitución en los medios de comunicación. "Ahora avanzaremos contra la oferta sexual a través de internet, donde también hay páginas que van a tener que ser cerradas", dijo el ministro.