Píldora del día después: para la Procuración debe investigar la Justicia federal

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se manifestó a favor de que la Justicia federal sea la encargada de investigar la comercialización de un medicamento conocido como "píldora del día después", en lugar de la justicia ordinaria de Córdoba.

Gils Carbó presentó su postura ante la Corte Suprema en el que sostiene que corresponde a la Justicia federal continuar con el trámite de las actuaciones por la venta del medicamento Segurité que impide la implantación del óvulo fecundado, según difundieron desde la página de la Procuración.

El dictamen de Gils Carbó surge ante un conflicto de competencia entre el Juzgado de Control n° 7 de la ciudad de Córdoba y la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En la Justicia de Córdoba se tramita la denuncia formulada por el presidente de la Asociación Civil Portal de Belén contra los directivos de los laboratorios Raffo S.A. y Monte Verde S.A, por la comercialización de Segurité. En tanto, en la Capital Federal hay un proceso en el que se investiga, entre otras cosas, la autorización otorgada por funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para inscribir y comercializar esas mismas píldoras en todo el país.

Ante esa situación, la Sala II de la Cámara requirió que el juzgado cordobés deje de intervenir por entender que existe “una vinculación inescindible entre las conductas investigadas en los dos procesos”.

La Procuradora General apoyó el planteo de la Cámara. En este sentido, señaló que corresponde que el juez federal investigue la posible comisión del delito de venta de medicamentos peligrosos para la salud disimulando su carácter nocivo, que actualmente tramita ante la Justicia de Córdoba.

“Los hechos que son objeto del proceso cordobés —relacionados con la distribución comercial en esa provincia del mismo medicamento— no son independientes de los investigados en la justicia federal, pues la alegada ilicitud de la distribución del medicamento depende centralmente de la ilicitud del procedimiento de autorización ante la Anmat, cuya evaluación compete a la justicia federal”, completó la jefa de los fiscales.

Gils Carbó añade que el medicamento se comercializa en todo el país y que productos similares fueron distribuidos por el Ministerio de Salud de la Nación en el marco del Programa de Salud Sexual. "Por lo tanto, si cada jurisdicción tramitara paralelamente un proceso propio -como el de la provincia de Córdoba-, se multiplicarían procesos en los que se investiga la misma conducta, lo que menoscabaría e! derecho de defensa de los acusados y atentaría contra la economía procesal", consideró.