Ocho ONG velarán por los derechos de los chicos de villas y de barrios pobres

Hay lugares a los que el Estado no puede llegar. Sitios y situaciones problemáticas a los que nunca llegan las soluciones. Y en la mayoría de los casos las víctimas de esta realidad son niños.

Estamos hablando de cuestio­nes esenciales como, por ejemplo, no poder acceder a un documento nacional de identidad o no poder ser inscripto en una escuela; también de otras más graves y dolorosas como la violencia domés­tica, la indigencia, el abuso o la falta de comida.

Hace un mes y medio, el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) difundió un estudio que revelaba que el 55,6 por ciento de los niños y los adolescentes de Cór­doba integran hogares que no cu­bren necesidades básicas. Más de medio millón de chicos, de los cua­les 156 mil están en situación de indigencia y con dificultades alimentarias.

La mayor preocupación es que en ese marco de vulnerabilidad, que se da sobre todo en barrios po­bres y en villas de emergencia, proliferan otras problemáticas que no son detectadas con facilidad por el Estado.

Para modificar eso, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia lanzó un programa que se llama “Casas Abiertas”.

Se trata de aprovechar los sólidos vínculos que varias ONG han establecido con las familias de sus comunidades (a través de comedores solidarios, merenderos, talleres, y asistencia y promoción social) para conocer los casos y actuar en consecuencia.

Tamara Pez, responsable del pro­grama, dijo que se busca multi­plicar la “excelente experiencia” que se llevó adelante desde El Aljibe, que hace siete años trabaja en calle Río Negro al 700 (barrio Güemes), y cuyo equipo técnico –que pertenece íntegramente a la Senaf– logró identificar problemas de vulneración de derechos de niños, de mujeres y de familias, y llevar soluciones puntuales.

“En los distintos barrios de Cór­do­ba –contó Pez–, hay varias ONG que trabajan, desde hace muchos años, seriamente y codo a codo con la gente más necesitada, y 
son e­llos quienes pueden acceder a las rea­lidades más dolorosas y ponerlas en conocimiento del Estado pa­­ra que intervenga con soluciones”.

Hasta ahora, se firmaron conve­nios con la casa que el Servicio Ha­bitacional y de Acción Social (Sehas) posee en Villa Siburu, y con la Asociación Civil Casa Macuca, que está en barrio El Chingolo, cerca del Liceo General Paz.

El viernes se firmará el acuerdo con la Asociación Ci­vil Un Nue­vo Comienzo, de barrio Bajo Puey­rredón; la semana próxima se­guirán con la ONG La Minga, con sede en Villa Bustos; con el Ser­vicio en Promoción Humana (Serviproh), de barrio 20 de Junio; con La Morera, en barrio El Sauce; con Cecopal, de Villa Aspacia, y con el Servicio a la Acción Popular (Seap), que trabaja en barrio San Ignacio, al lado de Villa Urquiza.

El ministro de Justicia, Luis Angulo, explicó que el convenio in­cluye el acompañamiento técnico y la transferencia de recursos a cada ONG, pone a disposición programas provinciales. “Tenemos la obligación de estar para de­tectar situaciones de vulneración de derechos, y lo haremos con la ayuda de estas ONG”, dijo Angulo.

En lo concreto, el programa “Casas Abiertas” ya ha comenzado a solucionar situaciones de menores vulnerables. A través de operadores territoriales que pertenecen a una ONG, hace unos días se detectó la situación de una niña muy pequeña que, por orden judicial, iba a ser internada en un hogar porque su madre había sido llevada al hospital Neuropsiquiátrico. “Los vecinos comentaron el caso en el comedor comunitario e hicieron saber que la pequeña tenía una tía que vivía en la misma villa. Esto permitió que esa pequeña no fuera a un hogar”, relató una funcionaria.

Otras intervenciones ocurrieron por la falta de acceso a la documentación y, por lo tanto, a la educación. También han intervenido en casos de violencia doméstica, de abusos y de situaciones muy delicadas de menores.