Un objetivo en común lejos de la realidad
El abolicionismo rige desde hace décadas a través de la ley que prohíbe los locales donde se ejerce la prostitución. Laura Leonelli Morey.
El fallo que se dio a conocer ayer no es el de una jueza aislada en el mundo, sino que responde a una postura teórica denominada "abolicionista". En su costado legal, esta corriente rige en la Argentina desde hace décadas, a través de la Ley de Profilaxis (12.331), que prohíbe los locales donde se ejerce la prostitución. Sin embargo, todos los poderes del Estado, de todas las épocas y jurisdicciones del país, se encargaron de no aplicarla. El abolicionismo interpreta que la mujer que se prostituye es un mero objeto sexual de los hombres que pagan por sus servicios. Son consideradas víctimas de una sociedad desigual y patriarcal, y lo son a pesar de que ellas estén convencidas de que ejercen la actividad con libertad. El abolicionismo busca desalentar el consumo de la prostitución –y hasta penar al cliente, como en Suecia–, pero no sancionar el ejercicio. En Argentina, por eso, no es delito ofrecer sexo por dinero, pero sí lo es ser propietario de un local donde se comercialice.El prohibicionismo, por su parte, defiende que la prostitución debe ser prohibida y, por lo tanto, cualquiera que viole la regla debe ser penado. Así, se castiga al proxeneta, como en Argentina, pero también a la prostituta, algo que no sucede en el país. El reglamentarismo, en cambio, parte de la idea de que no hay prostitución: existe el trabajo sexual. Que las mujeres –y hombres– son libres de trabajar en lo que deseen y que el trabajo sexual es tan digno como cualquier otro. Asegura que la venta de sexo siempre existió y seguirá existiendo. Por lo tanto, hay que permitirla, ya que sólo así se puede vigilar su ejercicio. Al sacar al trabajo sexual de la clandestinidad, el Estado puede controlar, por ejemplo, la transmisión de enfermedades sexuales y la trata de personas. Y quienes la ejercen pueden acceder a derechos laborales básicos. Objetivo común. Cada una de estas corrientes están vigentes a través de leyes en diferentes países del mundo. Y más allá de cuál de las tres posiciones se sostenga, quienes las defienden de buena fe comparten el mismo objetivo: que a través de la prostitución no se vulneren los derechos más fundamentales de cualquier humano. Como el de la libertad. Ese objetivo en común es justamente el que está lejos de lo que sucede en Argentina y Córdoba. Por ello, tal vez lo más importante del fallo, por ser representativo de la realidad local, es la descripción de las mujeres que ejercen la prostitución y que interpusieron la acción de amparo junto con el dueño de la whiskería. "El común denominador de todos estos relatos personales es la de (sic) una profunda situación de vulnerabilidad que estas mujeres padecen: alejadas de sus vínculos familiares, ya que no viven ni con su familia ni con sus hijos, se encuentran de hecho internadas en local comercial".

