Municipios reclaman el control de rutas

Las autoridades comunales de nueve ciudades y localidades del interior cordobés presentaron ayer una acción ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para que la Provincia no avance sobre su autonomía en materia de policía de tránsito: quieren ser los únicos en decidir qué tipos de controles se aplican en las rutas que pasan por su ejido.

La presentación fue firmada por los intendentes y presidentes comunales de Arroyito, Almafuerte, Dalmacio Vélez Sársfield, General Roca, Hernando, James Craik, Reducción, San Agustín y Las Bajadas.

Promovieron la acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado provincial para impedir que éste "siga afectando la autonomía de los municipios y comunas mediante el dictado de normas, resoluciones y actos groseramente inconstitucionales que violan el ejercicio del poder de policía de tránsito de los gobiernos locales dentro de sus radios territoriales", versa el escrito.

La acción interpuesta por el constitucionalista Antonio María Hernández busca que el máximo tribunal de Córdoba se expida sobre cuál es el derecho que debe regir en rutas que pasan por los ejidos municipales y así lograr que sean las administraciones locales las únicas con poder de decidir sobre los dispositivos utilizados para prevenir y eventualmente detectar y multar infracciones.

En definitiva, quieren ser ellos los que determinen qué tipos de instrumentos de control usar (radares, semáforos filmados, fotomultas, lomos de burros, etcétera), cuándo y cómo hacerlo, para así aplicar, sin ninguna injerencia de la Provincia, sanciones a los conductores. Las multas que suelen aplicar los municipios son por infracciones originadas en el cruce de semáforos en rojo, velocidad superior a la permitida, adelantamiento en tramos de doble raya pintada o circulación sin luces bajas encendidas.

La discusión sobre la legalidad de los sistemas para detectar infractores lleva años, pero nunca termina de quedar resuelta. Sobre este tema, la Provincia, sostiene que sobre rutas nacionales y provinciales que atraviesan pueblos o ciudades "sin perder continuidad", la jurisdicción es compartida y ningún municipio puede disponer medidas contrarias a la ley provincial de tránsito.

Las nueve localidades piden que se declare la inconstitucionalidad de la ley 8.980, que regula para todo el territorio provincial la utilización de determinados dispositivos de control de la circulación, y la operación de los instrumentos de medición y comprobación de infracciones de tránsito, entre los cuales figuran los radares.

Además, se cuestiona, entre otras normas provinciales que consideran violatorias de las autonomías municipales, la resolución 1/2007 que dispuso suspender permisos de emplazamiento y habilitaciones de esos dispositivos y que declaró nulo su uso por los municipios y comunas. En el escrito se admite que existe la posibilidad de que algunos municipios se excedan en el ejercicio de su autonomía (como cuando aplican multas con fines recaudatorios más que preventivos o de seguridad). "Pero la solución a eventuales excesos no puede consistir en la violación de un principio que tanto ha costado lograr como el de la autonomía municipal", se lee en la acción. Y cuestiona: "Ese reparo hoy también se dirige a la actuación de la Policía Caminera".

Piden medida urgente. Además, los intendentes reclamaron que hasta tanto el máximo Tribunal Superior de Justicia se expida, éste resuelva provisoriamente, de manera urgente, que la demandada Provincia de Córdoba se abstenga de aplicar las normas y actos señalados como inconstitucionales "que impiden el pleno ejercicio del poder de policía de tránsito de los gobiernos locales actores".