Ciudad de Córdoba. La Municipalidad dio de baja el acuerdo, pero los carreros reclaman motocargas y vuelven al caballo, a escondidas
Desde la Cooperativa La Igualdad exigen motocargas tras acordar su entrega en marzo, pero les dicen que el convenio fue anulado por incumplimientos. Mientras la disputa sigue sin resolverse, algunos salen con los animales y el carro de madrugada para evitar controles.
El pasado martes, miembros de la Cooperativa La Igualdad se reunieron en el CPC de ruta 20 para reclamar nuevamente la entrega de motocicletas para reemplazar sus carros de tracción a sangre.
Allí dialogaron con personal de la Municipalidad de Córdoba, pero este encuentro no abrió una negociación: desde el municipio ratificaron que hace un mes habían dado de baja el convenio firmado en marzo, por incumplimiento de la cooperativa.
La Cooperativa La Igualdad reúne a 220 carreros asociados de distintos barrios del sudoeste de la ciudad, entre ellos San Roque, Villa Martínez, Las Violetas, La Pichanal y Villa La Tela.
Un conflicto de larga data
En septiembre de 2023, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza N° 13.387, que prohíbe circular con vehículos de tracción a sangre animal en la ciudad de Córdoba.
La norma preveía aplicar la prohibición de forma progresiva y facultaba al municipio a entregar motovehículos o kits de herramientas como alternativa laboral para quienes hasta entonces trabajaban con caballos.
En los años siguientes, la Municipalidad fue entregando motos a distintos carreros de la ciudad en el marco del programa. Dentro de la propia Cooperativa La Igualdad, una parte de los asociados ya recibió su moto y hoy trabaja con ella con normalidad.
En marzo de 2025, un grupo de ellos había denunciado que muchas de las motos ya entregadas estaban paradas por falta de mantenimiento y de repuestos, sobre todo baterías. Frente a esa situación, algunos carreros volvieron a salir con caballos.
Hoy, mientras se resuelve el reclamo por las motos, buena parte de los miembros de la cooperativa sigue trabajando con caballos de forma ilegal: salen de madrugada, entre las 3 y las 4, para evitar los controles policiales en las zonas donde todavía prestan servicio.
“A veces no tenemos ni para comer nosotros y les damos de comer a los caballos para poder seguir trabajando aunque sea. Nos quedamos por acá por los barrios porque tenemos el apoyo de la gente”, cuenta Gustavo, parte de La Igualdad.
Un acuerdo en marzo
En marzo de este año, tras una manifestación frente al Palacio Municipal, la cooperativa firmó un acuerdo para acceder a 25 motocargas. Tenían 30 días para enviar una lista con los nombres de los beneficiarios, con sus respectivos carnés de conducir.
En junio, el Coys (ente Córdoba Obras y Servicios) les notificó a los carreros que el acuerdo se daba de baja porque no habían cumplido con el plazo. Gabriel Martín, secretario de Ambiente y Economía Circular de la Municipalidad de Córdoba, afirmó que, en realidad, la reunión del martes tuvo como objetivo ratificar esa decisión, que ya había sido comunicada.
El conflicto
Si bien los carreros reconocen que no pudieron completar parte de la documentación pactada, argumentan que la demora fue por falta de recursos económicos y de información, no desinterés.
Ramón Gallardo, uno de los voceros de la cooperativa, afirmó: “Lo que necesitamos es que nos den una mano para poder sacar el carné, eso es lo que pedimos”.
Según cuenta, muchos compañeros no saben leer ni escribir. Además, menciona el precio del carnet y agrega que es difícil para cada trabajador costear lo que eso implica, además de la disponibilidad de un vehículo para rendir el examen.
Los cartoneros reclaman por la rotura de las motocargas y vuelven a los carros tirados por caballos
Por su parte, el municipio sostiene que había una moto disponible desde hace tiempo en una escuela de manejo para que los carreros practicaran, y que esa disponibilidad ya había sido informada antes. Los carreros lo niegan: "¿Cómo íbamos a saber? Nunca nos avisaron que estaba esa moto ahí", dice Ramón.
En cuanto a la documentación que el municipio les pide respecto del material recuperado, Celeste Castro, de la administración de la cooperativa, sostiene que los papeles fueron presentados en tiempo y forma, y exhibe los correos electrónicos con los comprobantes correspondientes a abril, mayo y junio.
La respuesta oficial apunta directamente a la gestión de la organización: “El problema no es con los asociados, es con la administración de la cooperativa. No le vamos a dar un trato preferencial respecto de las otras cooperativas que sí cumplen", señaló Martín, quien remarcó que La Igualdad es la única de 24 cooperativas del esquema de economía circular con este tipo de conflicto recurrente.
En ese sentido, afirma que no van a dar marcha atrás con la decisión respecto de las motos: “Ellos tienen que ir a la Secretaría de Políticas Sociales y acordar ahí el reordenamiento de gestión que tenemos con las cooperativas. Va a depender de que ellos se pongan al día con los requerimientos administrativos que deben para que nosotros podamos garantizar determinadas cosas”.
Sobre la continuidad laboral
La cooperativa ratifica su postura. Aunque coinciden con la necesidad de prohibir la tracción a sangre, se mantienen firmes con el pedido de seguir siendo carreros: “Nosotros queremos seguir trabajando con nuestra recolección. Queremos que se nos ordene en este trabajo, porque es históricamente nuestro; hemos trabajado toda la vida con la basura”, dice Ramón.
Por ahora, el plan de los trabajadores es insistir por las vías posibles para conseguir las motos. Quieren ir a la escuela de manejo e intentar practicar. “Acá hay un montón de padres y madres de familia, no nos pueden hacer a un costado, estamos pasando una situación muy difícil”, concluye Gallardo.
