Entrevista. Marcelo Fenoll: El problema de los naranjitas empieza mucho antes de que lleguen a la calle

Marcelo Fenoll es fiscal de Cámara de la Provincia de Córdoba y, desde hace dos años, concentra junto con la fiscal de Instrucción Lourdes Quagliatti las causas vinculadas a naranjitas o cuidacoches. Días atrás participó de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, en el marco del debate por la ordenanza que busca regular la actividad, luego de la reciente reforma del Código de Convivencia provincial.

En esta entrevista, Fenoll sostiene que el conflicto con los cuidacoches no puede leerse sólo en clave contravencional o punitiva. Plantea que detrás del fenómeno hay problemas más profundos, ligados a consumos problemáticos, fallas del sistema educativo, exclusión laboral y ausencia de políticas estatales sostenidas. A la vez, valora que la reforma legal elimine zonas grises y clarifique qué conductas están permitidas y cuáles no.

–Usted planteó en la comisión que, detrás del conflicto con los naranjitas, hay un problema social mucho más profundo que la ordenanza, por sí sola, no resuelve. ¿A qué se refiere?

–Necesita, de una vez por todas, atención del Estado. Evidentemente, hay una situación crónica que se viene generalizando y que tiene mucho que ver con decisiones que hemos tomado como sociedad. Todo arranca con políticas de abordaje de una cuestión que tiene que ver con un problema de salud y que a veces olvidamos.

Cuando hablamos de narcotráfico o del problema de las drogas, muchas veces empezamos por la “infección” y dejamos de lado dos factores fundamentales. Uno tiene que ver con el delito, con el negocio de la droga, que está movido por un ánimo de lucro, y por eso la trazabilidad económica y financiera resulta central en un país donde no nos distinguimos precisamente por ser trazables en ese plano.

La otra cuestión es la de las adicciones como problema de salud. Más allá de la voluntad de la persona y de lo que hace con su propio cuerpo, hay que preguntarse qué tan preparados están los sistemas de salud para que alguien que atraviesa un consumo problemático pueda tomar conciencia, recuperar el control de su vida y evitar instancias posteriores, como la adicción.

Nos hemos guiado por un sistema de autorregulación, por la autonomía de la voluntad, por el libre albedrío de cada uno, por la no criminalización de lo que alguien hace con su propio cuerpo. Y nos escandalizamos cuando las consecuencias de eso impactan en otro. Ahí pedimos severidad. Yo no estoy en contra de una respuesta severa, pero esa respuesta también tiene que estar en la medida de cómo se llegó a esa situación.

–Entonces, ¿usted cree que el conflicto con los naranjitas es una consecuencia de todo ese proceso?

–Puede ser una de las consecuencias. Y lo digo, прежде de todo, como ciudadano, aunque también como un ciudadano con responsabilidades en el Estado.

Hay una laxitud en las bases que nos han construido como sociedad: la familia y la educación, pero entendida no sólo como derecho, sino también con un correlato de exigencia. Nosotros teníamos la obligación de estudiar, y las instituciones educativas tenían la obligación de evaluarnos, tanto en contenidos formales como no formales.

Hoy vemos en tribunales realidades que no podemos callar: personas con primaria e incluso secundaria aprobadas que son analfabetas, que no saben leer ni escribir, que no distinguen las letras. Hemos tenido casos de personas con certificado de escolaridad primaria cumplida en esa situación.

Entonces, nos estamos sacando el “problema” de encima acreditando aptitudes que en realidad no existen. Y eso es exactamente lo contrario de lo que se nos quiere hacer creer: no estamos incluyendo, estamos excluyendo. A nadie se le ha dado la oportunidad de estar bajo una exigencia real. Y si esa exigencia no prospera, lo que corresponde es reforzar los esfuerzos para que esa persona acceda a resultados.

–Entramos en las fallas del sistema educativo...

–El objetivo de la educación no puede ser solamente que alguien cumpla un ciclo, sino que efectivamente salga educado. Eso parece básico, pero no siempre ocurre.

Yo lo pude ver como becario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. Allí, al igual que en la Argentina, no existe la repitencia escolar. Pero un niño que no alcanza los estándares académicos correspondientes a su edad y a su nivel de estudios es derivado a un sistema mucho más intenso y personalizado. Incluso puede haber un docente cada dos alumnos para que esa persona continúe estudiando. Si no le dio, se refuerza.

Eso, por supuesto, demanda decisiones y recursos. A mí me excede. Yo sólo reflejo realidades vistas en otros lugares.

–¿Desde cuándo trabaja específicamente en estas causas?

–En abril se cumplieron dos años desde que, junto con la fiscal de Instrucción Lourdes Quagliatti, tenemos a nuestro cargo este tipo de casos.

Y hay una tercera pata de todo esto, que es el trabajo. Entonces, sincerémonos: ¿cuántas personas que hoy se ocupan como naranjitas son personas que fueron expulsadas del sistema laboral, formal o informal? Yo no voy a hacer distinción entre trabajo en negro o en blanco. ¿Cuántas personas terminaron en esta actividad porque fueron expulsadas del sistema?

Y probablemente nos encontremos con que, en realidad, muchas nunca estuvieron en el sistema laboral, porque no pudieron, porque no supieron, porque no tuvieron ninguna oportunidad. Entonces aparecen estas posibilidades, esta suerte de mendacidad encubierta bajo una forma de trabajo que no lo es, como lo estamos viendo hoy en las calles de Córdoba.

–La reforma del Código de Convivencia endureció la prohibición para naranjitas no autorizados y limpiavidrios. Además, en el caso de los cuidacoches, aparece la alternativa de cooperativas. ¿Cree que puede ser una herramienta útil?

–Hay dos cuestiones. La primera, y la planteó muy claramente el secretario de Seguridad de la Provincia en la reunión de comisión a la que también fui invitado, es que lo primero que va a suceder con esta modificación legislativa es que la autoridad preventiva, sea municipal o policial, va a tener un panorama mucho más claro de qué es lo prohibido y qué es lo permitido.

¿Por qué? Porque elimina esta zona gris de la mendacidad encubierta. Si el naranjita no habilitado no exigía una tarifa determinada, sino que sólo pedía una propina a cambio de “custodiar” el vehículo, eso no era punible. Según el artículo 60 del Código de Convivencia Ciudadana, vigente hasta esta modificación, esa conducta no era punible.

Entonces, si un policía o un inspector municipal veía a una persona con casaca naranja en una cuadra, en un horario y en un lugar no habilitado para el cobro regular, no podía saber si estaba desarrollando una tarea ilegal o si estaba dentro de los límites que le daba la ley.

A partir de la modificación, esa suerte de gatopardismo desaparece. Va a haber una sola categoría: la del naranjita habilitado, en un lugar determinado y en un horario determinado. Fuera de esos lugares, horarios y personas, quien pretenda cobrar, sea “a voluntad” o con tarifa, por el uso de un espacio en la vía pública, va a estar cometiendo al menos una falta, al menos una contravención.

–¿Y eso en qué mejora la situación del vecino?

–En que ya no va a ser el ciudadano el que tenga que distinguir qué es legal y qué es ilegal. Queda claro. Si la persona no está debidamente identificada y habilitada por la municipalidad correspondiente, está cometiendo una ilegalidad y ya no hay discusión.

Y si la autoridad preventiva no lo detectó antes del hecho, el vecino podrá solicitar la presencia policial y se terminó la discusión. Ya no hay que entrar en si pidió, no pidió, si cobró tanto o poco. Eso viene a solucionar ese punto.

–Pero usted insiste en que eso no alcanza.

–Claro. Porque si esto no va acompañado de algo que lamentablemente deberíamos haber asumido muchos años antes, seguimos llegando tarde.

Cuando los naranjitas no eran un problema para el resto de la sociedad, no parecían un problema para nosotros. Cuando esa persona crecía en un ambiente marginal que no estaba a nuestra vista, no parecía un problema. Cuando iba a la escuela y no alcanzaba los objetivos, pero aun así permanecía en el sistema o, peor todavía, abandonaba, tampoco parecía un problema.

Cuando esa persona, a corta edad, empezaba a tener contacto con sustancias estupefacientes y caía en un consumo problemático o en la adicción, tampoco parecía un problema. Ahora, cuando viene, nos golpea el vidrio del auto, nos quiere limpiar el parabrisas o nos quiere cobrar por el estacionamiento, recién ahí sí es un problema. Pero, en realidad, el problema empezó hace años.

Entonces tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué vamos a hacer al respecto.

–Usted dijo en la Legislatura y en el Concejo que la solución tiene que ser integral. ¿Qué significa eso, concretamente?

–Que tiene que ser integral, pero además secuenciada. Lo explico con un ejemplo: ¿qué sentido tiene darle trabajo a una persona que, por su propia situación de salud mental, no puede ajustarse a un horario o a una pauta laboral?

Entonces va mucho más allá de reubicar a la persona, darle trabajo o legalizar, blanquear, lo que está haciendo. La respuesta tiene que ser más compleja.

Dentro de nuestra intervención en la Legislatura y en el Concejo Deliberante, y esto lo aporté como especialista nacional avanzado en lucha contra las adicciones, certificación que me otorgó la Sedronar, lo he dicho con claridad: la solución tiene que ser integral.

–Ahí aparece una tensión: la autonomía de las personas para aceptar o rechazar esas pautas o esas ayudas. Incluso se suele decir que muchas personas en situación de calle rechazan la asistencia.

–Sí, claro. Todos somos dueños de elegir. Ahora bien, también sabemos que si la elección es no someternos a la ley, la consecuencia tiene que ser clara. Y ahí es donde operamos nosotros, los operadores judiciales.

Cada uno puede hacer lo que la ley no prohíbe y nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Pero si la ley prohíbe específicamente una conducta y la persona rompe ese pacto social, la consecuencia tiene que estar en la medida de las características de esa persona.

Y esto es de sentido común. Si mañana a mí se me ocurre cobrar indebidamente estacionamiento en la vía pública, la sanción que se me imponga debería ser mucho mayor, porque yo tengo educación, tengo posibilidades de otro trabajo, no estoy afectado por adicciones y demás. La respuesta punitiva debería ser mucho más severa que la que se le otorgaría a una persona cuya capacidad de decisión, no digo anulada, pero sí gravemente afectada.

–¿Qué lugar le cabe entonces a la Justicia y cuál a la política?

–Nosotros, como operadores judiciales, tenemos la misión de actuar la ley, es decir, de convertir las leyes en casos. Por supuesto, siempre estamos dispuestos a hacer aportes desde la experiencia o desde el conocimiento a la hora de la formación de las leyes. De eso se trata.

Sin inmiscuirnos en otros poderes del Estado, sí podemos colaborar con nuestra experiencia y con nuestra capacidad técnica. Pero la última palabra siempre, como corresponde, está en nosotros, los ciudadanos, que somos quienes elegimos determinados perfiles de gestión y determinados perfiles de leyes a partir de las personas que nos representan.