Reunión. La Provincia se comprometió a fortalecer acciones ante los prestadores de discapacidad
La reunión con autoridades del Gobierno había sido uno de los pedidos de la última movilización del sector. Si bien la ley de emergencia nacional fue aprobada, se prevé un veto presidencial.
El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Familiar, convocó a las entidades que agrupan a prestadores, familiares e instituciones que trabajan con personas con discapacidad. En la reunión de este miércoles, las autoridades se comprometieron a fortalecer las políticas públicas para este sector, que viene sumando reclamos en el último tiempo.
La discapacidad afronta una crisis histórica debido a la falta de atención y de políticas públicas por parte del gobierno nacional, al que le corresponde por ley atender esta demanda.
Esto ha llevado a una situación de emergencia en el sector, con reclamos por la discontinuidad de las prestaciones, falta de actualización de aranceles, y la eliminación de pensiones.
Frente a este contexto, María Eugenia Pomazan, secretaria de Fortalecimiento Familiar, aseguró a La Voz la continuidad del acompañamiento que se realiza desde el ministerio provincial, además de apoyar desde distintas instancias la promulgación y puesta en funcionamiento efectiva de la ley nacional de emergencia de discapacidad.
“Instamos a los legisladores nacionales para que se materialice lo más pronto posible la ley aprobada en el Congreso. Si el veto presidencial existe, estaremos acompañando toda acción tendiente a garantizar los derechos a las personas con discapacidad y sus familias”, dijo la funcionaria.
Del encuentro participaron dirigentes de la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredi), de la Federación Converger y de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, que agrupan a más de 120 instituciones.
Cómo se financia
En la actualidad el sistema de prestaciones para personas con discapacidad se financia a través de tres pilares, los cuales sufren de un desfinanciamiento:
- Mecanismo de Integración del Fondo Solidario de Reintegro (donde la Superintendencia de Servicios de Salud, con los aportes de todos los trabajadores registrados del país, paga a las obras sociales la cobertura de los tratamientos).
- El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), organismo autárquico que se financia con sus propios recursos (aportes de trabajadores y jubilados).
- Incluir Salud, el único pilar que se financia completamente con los aportes del Estado nacional.
Las personas con discapacidad representan, en la Argentina, el 10% de la población total.
Según los datos del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad (de 2018) el 10,2% de la población de 6 años o más tiene alguna dificultad o limitación.
De ellas, solo, 1.594.888 personas tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) hasta julio de 2023, lo que representa el 3.46% de la población.
Qué hace la Provincia
En abril de 2024, el Ministerio de Desarrollo Humano lanzó el “Programa Provincial de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad y sus Organizaciones”.
La iniciativa está destinada a fortalecer con apoyo económico aquellos proyectos de fundaciones e instituciones comunitarias que promuevan la inclusión, la autonomía, la participación y la capacitación de las personas con discapacidad, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.
Esta herramienta permitió un alcance a más de 15 mil personas, la mitad de ellas del interior provincial. El presupuesto del 2024 fue de $1.200.000 y este año se triplicó. “El 40% de esta ayuda fue para proyectos de inclusión laboral”, indicó Pomazan.
Además desde este año entró en vigencia el “Programa provincial de accesibilidad en el hogar y a tecnologías con impacto”.
Este tiene como objetivo apoyar las iniciativas individuales de personas con discapacidad que promuevan la accesibilidad en el hogar, la sociabilización y el acceso a tecnologías asistidas para una vida más independiente y autónoma.
Prórroga de habilitación
En una resolución del Ministro de Salud se decidió la prórroga, de manera excepcional, por un año a partir de su efectivo vencimiento la vigencia de las habilitaciones de funcionamiento que hayan sido otorgadas a la totalidad de los efectores de salud oportunamente habilitados por la Dirección General de Regulación Sanitaria.
Esta medida incluye, por cierto, a las organizaciones prestadoras de discapacidad.
Además se avanzó en la digitalización de los procesos administrativos inherentes a la habilitación de los mismos que permite una tramitación más ágil y simple.
