La inseguridad y las irregularidades permitidas

La inseguridad en la ciudad de Córdoba produjo al menos dos situaciones que son irregulares y sobre las cuales el Estado prefiere no intervenir, ya que justamente otorgan al vecino que recurre a ellas la sensación (o la certeza) de sentirse más seguro.

Se trata de la proliferación de los servicios de seguridad privados en los barrios, con autos equipados con balizas y casillas de seguridad que utilizan espacio público hasta ahora de manera ilegal.

En off the record, empresarios vinculados a la seguridad advierten que se trata de un servicio que no está cubierto por la ley provincial, por lo que los prestadores no tienen cobertura de seguros y de riesgos de trabajo para el personal.

Pero como la presencia de esos guardias disuade a delincuentes y da a los vecinos la sensación de mayor seguridad, la Provincia mira para otro lado. La ley está vigente desde mayo de 2005 y, a la luz de los resultados, su aplicación fue nula. Es que estos servicios suplantan a la Policía en decenas de barrios de la ciudad, por lo que terminan tapando el bache de la inseguridad.

Otra situación irregular son los barrios cerrados que no son tales. Urbanizaciones con accesos controlados que también ofrecen a los vecinos una sensación (o la certeza) de mayor seguridad. Pero sucede que esos barrios no están contemplados en ninguna legislación vigente. Para ser cerrados, los lotes deberían tener 1.500 metros cuadrados o más. Como son mucho más chicos, son barrios como cualquier otro. La única excepción a esta regla es Valle Escondido, que obtuvo una ordenanza de excepción.

En otros casos que no son countries, es inconstitucional que no se permita ingresar a cualquier persona o que guardias privados pidan identificación (sólo lo puede hacer la Policía). Sin embargo, hay decenas de barrios con estas características en la ciudad. Siguen existiendo y sus barreras continúan estando, pese a que la Municipalidad adelantó en varias oportunidades que debían ser eliminadas.