La Voz En Vivo. Juicio del Neonatal: a un año de la sentencia, la denuncia de las familias sobre los funcionarios condenados
A un año del fallo histórico contra Brenda Agüero, Vanesa Cáceres, madre de una de las víctimas, dialogó con La Voz En Vivo sobre la falta de condenas firmes y la situación de los niños sobrevivientes.
El 18 de junio de 2023 marcó un hito judicial en Córdoba con la condena a prisión perpetua de la enfermera Brenda Agüero por el asesinato de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal.
Sin embargo, a un año de aquel veredicto, las familias de las víctimas aseguran que el proceso permanece inconcluso y que la justicia es, hasta el momento, "a medias".
En una entrevista con La Voz En Vivo, Vanesa Cáceres, madre de Francisco —la primera víctima identificada en la serie de muertes—, expresó su malestar por la demora en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Según la entrevistada, la falta de una sentencia firme permite que los exfuncionarios involucrados continúen con su vida normal.
Condenas sin firmeza y cargos públicos
Uno de los puntos más críticos señalados por Cáceres es la situación laboral de los exdirectivos del hospital y del Ministerio de Salud que fueron condenados en el juicio. Entre los nombres mencionados figuran Liliana Asís, Marta Gómez Flores, Pablo Carvajal, Alejandro Escudero Salama y Adriana Morales.
"Hace un año que estamos a la espera de que la condena quede firme. Estos funcionarios siguen haciendo su vida como si nada hubiera ocurrido; ellos sí pueden seguir trabajando", denunció Cáceres.
a madre de Francisco explicó que, mientras no exista un fallo definitivo del TSJ, los responsables mantienen sus libertades y posibilidades laborales. Esta situación contrasta con el "dolor de por vida" que atraviesan las familias damnificadas por los hechos ocurridos en el hospital provincial.
Secuelas y falta de asistencia económica
Más allá de las penas de prisión, el frente civil de la causa sigue siendo una herida abierta para los padres de los bebés que sobrevivieron con lesiones. Cáceres destacó que muchas familias aún no han recibido el resarcimiento económico necesario para costear tratamientos médicos de alta complejidad.
"Hay familias que están con tratamientos costosos a nivel emocional. Hay chicos que han quedado con secuelas muy duras", relató la madre. Citó como ejemplo el caso de una niña que padece la inmovilización de la mitad de su torso como consecuencia de las agresiones sufridas al nacer.
La falta de ayuda estatal directa para estos casos agrava la situación diaria de los sobrevivientes. Según Cáceres, los niños enfrentan limitaciones que les impiden llevar una vida normal, sumado a las demoras burocráticas para acceder a turnos médicos especializados.
Apelaciones y el rol de Diego Cardozo
La disconformidad de los familiares también alcanza a la cúpula política de aquel momento. Vanesa Cáceres calificó como "una toma de pelo" que el exministro de Salud, Diego Cardozo, fuera eximido de responsabilidad en el juicio principal.
"En el mismo juicio dejaron entrever que hasta el mismo gobernador (Juan) Schiaretti estaba al tanto de todo. Milagrosamente, el ministro no fue condenado", sentenció Cáceres.
simismo, informó que han vuelto a apelar decisiones judiciales vinculadas a reuniones previas entre funcionarios y fiscales. Los familiares sostienen que si se hubieran tomado medidas tras un encuentro clave donde participó el fiscal Guillermo González, "la mitad de los casos se podrían haber evitado".
El desafío de rearmar la vida familiar
A pesar de que Brenda Agüero es la única que actualmente cumple prisión efectiva, el camino hacia la sanación es complejo para los afectados. Cáceres describió el año transcurrido como una etapa de "rearmarse" junto a sus otros dos hijos para que la familia no se derrumbara.
"Nosotros nos planteamos luchar con todas las herramientas y de la forma correcta. Tuvimos acceso a expedientes con direcciones y teléfonos de todos los acusados, y jamás hicimos nada fuera de la regla", concluyó la madre.
La causa por los crímenes del Neonatal continúa a la espera de que el máximo tribunal de la provincia ratifique las penas. Mientras tanto, las familias persisten en su reclamo para que todos los responsables paguen las consecuencias de lo ocurrido en el nosocomio cordobés.
