Justicia. Incendio trágico en el Centro: ampliaron la imputación e investigarán a la Municipalidad

A casi dos años del trágico incendio de calle Caseros en pleno centro de la ciudad de Córdoba, la Justicia resolvió ampliar la imputación y acusar de una presunta responsabilidad al administrador del consorcio del edificio Veracruz, Diego Rufeil.

De esta manera la fiscal María Celeste Blasco, tras analizar la documentación, pericias e informes incorporados a la causa, entendió que existen motivos para sospechar que Rufeil podría ser autor de estrago culposo agravado.

Con esta decisión, la causa ya tiene dos imputados: al administrador del consorcio se le suma la propietaria del departamento 2° D de la torre 2, Gilda Graciela de Fátima Páez, incorporada inicialmente a la causa.

Además Blasco entendió a razón de los resultados del peritaje en higiene y seguridad se vuelve necesario investigar la eventual responsabilidad de funcionarios de la Municipalidad de Córdoba.

Con esta resolución judicial la fiscal avanza en una línea de investigación que incluiría una cadena de responsabilidades y se aleja de una acusación única que se plasmó en el expediente durante los primeros meses del caso.

Blasco mantuvo la figura de estrago culposo agravado, por lo que entiende que Páez y Rufeil habrían ocurrido en una negligencia o imprudencia, sin tomar las medidas de precaución suficientes, poniendo en peligro la vida de alguien o causándole la muerte.

Dicha tipificación penal prevé una pena de uno a cinco años de prisión, siendo posible su excarcelación.

El incendio de la madrugada del 9 de julio del 2024 provocó cuatro muertes –una de las víctimas estaba embarazada–, lo que lo convirtió en una de las tragedias más graves de los últimos tiempos de este tipo en la provincia.

El abogado del administrador, José D'Antona, explicó a La Voz que Rufeil declarará en los próximos días y además de su testimonio aportará documentación que respaldaría su inocencia.

"En un consorcio existen funciones que le corresponden a un administrador y otras a la asamblea de propietarios. Rufeil explicará hasta donde llegó su tarea", agregó.

Según se desprende de la investigación, el edificio no contaba con el Certificado Final de Protección contra Incendio, un instrumento imprescindible para garantizar la seguridad de los habitantes.

Según el dictamen pericial oficial las actuaciones municipales resultaron técnicamente insuficientes para constatar el cumplimiento de las condiciones de seguridad contra incendios del edificio Veracruz toda vez que no se identificó la aplicación efectiva de los procedimientos previstos ante la falta del Certificado Final de Protección contra Incendio.

"En ese sentido el ente municipal debería haber procedido a la notificación formal del incumplimiento y la aplicación de sanciones administrativas e incluso la colocación de constancias visibles de las falencias de seguridad en el ingreso del inmueble", puede leerse del dictamen judicial.

Y agrega: "esta posible inacción funcional por parte de los funcionarios responsables de los organismo de control técnico y administrativo habría impedido la adopción oportuna de medidas preventivas que según los peritos podrían haber reducido significativamente el riesgo y la gravedad del hecho ocurrido".

Por estas razones, y ante la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 249 del Código Penal), Blasco dispuso remitir la documentación a la Fiscalía en lo Penal Económico de turno.

A prima facie la observación incluiría a funcionarios de las direcciones de Control Urbano y de Fiscalización y Control.

La defensa de Páez había manifestado que pese a la versión inicial de que una vela encendida había provocado el incendio, el foco ígneo se habría producido por un desperfecto de la heladera.

Además sostuvo que la dueña del departamento llamó al 911, abrió la ventana del dormitorio para que saliera el humo y bajó a la calle.

Ya en el frente del edificio se encontró con policías, quienes le comentaron que había víctimas fatales.

En el incendio del 9 de julio de 2024 fallecieron cuatro personas que vivían en el edificio de Caseros 39, de la ciudad de Córdoba.

Lucas Iván Escudero. Oriundo de la ciudad de Serrano, era estudiante de la carrera de Martillero y Corredor Público en la Universidad Siglo 21. Murió en el departamento que alquilaba en el 4° D.

Marquesa Luna Chiapello. Nacida también en Serrano, era amiga de Lucas, y cursaba en la facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Residía en el departamento 6° D.

Victoria Zangueri y Juan Antonio Paz. También fallecieron a causa del incendio. Vivían en el departamento 5° D del edificio siniestrado. Ella estaba embarazada.

Afectados. Además, según el informe oficial el incendio puso en peligro las vidas de E.O.M y L.B. que habitaban un departamento de PB, y a M.M. y M.M., quienes se encontraban en el quinto piso, además de Tadeo Godoy Vieira, quien se había mudado 15 días antes.