Imputado por tirarle "chimi" a un funcionario

El fiscal de Distrito 1 Turno 5, Alejandro Moyano, elevó a juicio la causa contra un choripanero de la ciudad de Córdoba acusado de arrojarle un frasco lleno de chimichurri a un funcionario municipal que le estaba labrando un acta por vender en la vía pública.

De acuerdo a la instrucción, el caso se remite al mediodía del 12 de julio del año pasado, cuando se llevó a cabo un operativo de control sobre los vendedores ambulantes, dispuesto por la Municipalidad de Córdoba y ejecutado por funcionarios municipales dependientes de la Dirección de Control Integral de la Vía Pública. Fue en la plaza San Martín, del centro de Córdoba.

A cargo del procedimiento estaba el actual secretario de Gobierno municipal Javier Pueyrredón -en ese momento se desempeñaba como Director de Control Integral de la Vía Pública-, quien se acercó al puesto de venta de choripanes "Choripán El Sabrosón". Allí le manifestó a su encargado, Rafael Oscar Paredes (35), que debía cesar la actividad que estaba realizando y quitar el puesto de la plaza, por incurrir en una conducta prohibida por una ordenanza municipal. Sin embargo, Paredes se habría negado a cumplir con la orden, por lo que Pueyrredón comenzó a labrar un acta por contravención.

Fue entonces que el ahora imputado habría tomado "un recipiente de vidrio que en su interior contenía una especie de salsa o aderezo con base en aceite y habría arrojado el líquido directamente al cuerpo de Pueyrredón, ensuciando y manchando el saco, pantalón, camisa y zapatos, como así también estropeando el acta de infracción".

Ante esto, el fiscal resolvió en las últimas horas imputar a Paredes como supuesto autor responsable del delito de daño calificado.

Moyano subrayó que "es posible que en estos tiempos en los que hechos de inusitada violencia se observan a diario en todo el país, alguien opine que manchar un saco con "chimichurri" es un suceso menor, y tal vez sea así, si sólo valoramos el daño material ocasionado". "Pero en el caso que nos ocupa -siguió-, no podemos dejar de tener en cuenta (...) que el imputado era uno de los tantos vendedores que sin autorización ocupaba las calzadas peatonales y veredas de nuestra ciudad, que, además de ocupar irregularmente el espacio público de la zona céntrica -mal aparentemente incurable para los cordobeses-, constituyen una competencia desleal y ruinosa al comercio legal, que paga impuestos y crea fuentes de trabajo".

Tras realizar esa reflexión, el fiscal sostuvo que los ciudadanos deben "entender que todas las normas están para cumplirse, que no se puede condenar a los vecinos a sufrir diariamente la suciedad y el desorden que acarrea el "mercado cordobés" que vemos en el centro de la ciudad, y que los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes y ordenanzas deben ser respetados y obedecidos, en pos del bien común. Si ello no ocurre, el caos no desaparecerá".