El Impuesto a las Ganancias que empezó a pagar Héctor
El 13% de los trabajadores paga el Impuesto a las Ganancias, cuya falta de actualización en sus mínimos fue una de las causas del paro de 48 horas que impulsó el Sindicato de Camioneros. Laura González.
Héctor trabaja en una metalúrgica. Cuando le entregaron el recibo de sueldo de abril pasado, no entendió a qué correspondía la quita de 257 pesos que figuraba entre los descuentos. Fue a la oficina de recursos humanos y ahí le explicaron que correspondía al pago de Ganancias. Hace poco que trabaja, pero el reajuste del 23 por ciento que recibió en abril –dispuesto en paritarias– lo puso en el lote del 1,8 millón de trabajadores que en Argentina tributa el Impuesto a las Ganancias. Le informaron que podía realizar algunas deducciones: hijos, esposa, familiares a cargo, intereses de créditos hipotecarios, seguro de vida o empleada doméstica. No tiene nada de eso. Con 27 años, vive con su madre, jubilada provincial, y está muy lejos de pensar en un crédito para una casa propia o tener una empleada. ¿Está bien que Héctor pague el Impuesto a las Ganancias? ¿Es un tributo que corresponde que grave el salario de los trabajadores? ¿Todos los salarios o sólo los altos? ¿No es el salario una ganancia como cualquiera otra? La discusión es primero ideológica y luego fiscal, pero pongámoslo en contexto. El trabajo en cifras. En la Argentina trabajan 13,5 millones de personas. El 13 por ciento de los trabajadores paga el Impuesto a las Ganancias, cuya falta de actualización en sus mínimos fue una de las causas del paro de 48 horas que impulsó el Sindicato de Camioneros en su rama de transporte de combustibles y que se generalizaría el próximo miércoles. Hugo Moyano, con 200 mil afiliados, encarnó la voz de muchos que también sienten la mayor presión del impuesto y que no tienen un gremio con semejante capacidad de impacto. Los trabajadores registrados y sus empleadores aportan al fisco el 44 por ciento de los salarios brutos, teniendo en cuenta jubilación, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, Pami y obra social. Ese aporte lo hace tanto quien cobra el mínimo como los salarios más altos: es el mismo porcentaje para todos. De los 540.100 millones de pesos que recaudó el Estado en 2011, el 25 por ciento correspondió a la seguridad social. Sin embargo, de aquellos 13,5 millones de trabajadores, el 30 por ciento no aporta nada porque no está registrado. Son personas que no tienen cobertura social ni hacen aportes para una futura jubilación, cobran por lo general menos que el promedio, no gozan de vacaciones y son los primeros en ser despedidos. Cazar en el zoológico. Al Gobierno le ha resultado más fácil cazar dentro del zoológico de los que están tributando en lugar de buscar soluciones a un problema ya estructural en Argentina. Desde 2003 a esta parte se crearon 3,5 millones de empleos. Si bien el grueso se creó en blanco, la informalidad sigue estando presente como en la década de 1990. Representa desprotección para el trabajador y menos ingresos para el fisco. Ganancias aportó en 2011 el 20 por ciento de la recaudación total, aunque con una amplia participación del sector empresario sobre el asalariado. Aunque pocos lo digan en voz alta, es uno de los más justos de los impuestos, porque grava más a los que más ganan.Podemos discutir la injusticia de que las ganancias financieras o ciertas profesiones protegidas estén exentas, pero ese es otro debate. La inclusión social requiere que cada uno aporte de acuerdo a sus posibilidades. Es lógico, entonces, que pague más el que más puede. La pregunta es: ¿está Héctor entre esos?Gana ahora 7.200 pesos de bolsillo, 50 por ciento más que el promedio del salario en Córdoba. En abril recibió un aumento del 23 por ciento no porque haya ascendido, trabaje más horas o tenga otro cargo: fue porque subieron los precios.¿Subieron 23 por ciento? No lo sabemos. Como la inflación oficial es del nueve por ciento anual, cada gremio consigue lo que puede y el que grita más fuerte, probablemente haga mejor arreglo que otro. El problema de fondo entonces es la inflación. La injusticia aparece cuando Héctor comienza a pagar porque el Gobierno –que se arrogó desde este año la potestad de subir los mínimos no imponibles cuando antes lo hacía el Congreso– desconoce la inflación real, no actualiza alícuotas, deducciones ni el mínimo y prefiere seguir cazando en el zoológico.

