Una historia de nunca acabar

Las contradicciones nos abruman. Casi todos solemos reclamar que haya más control y severidad para ordenar el tránsito y reducir accidentes pero, a la vez, es difícil hallar a alguien que acepte como razonable una sanción por una infracción. Esas contradicciones suelen embargar a los conductores. Pero también el Estado tiene las suyas cuando impone los mecanismos para aplicar las normas.No hay fórmulas mágicas. Los países que han logrado un tránsito más racional, lo hicieron con base en dos aspectos: educación y, sobre todo, sanciones con reglas claras.Todo se complica si los ciudadanos no tienen credibilidad en el sistema. En Córdoba, y Argentina, un problema es que, siempre y casi de manera instintiva, los ciudadanos-conductores no confían en los controles del Estado. Si ése es el marco, los esfuerzos deberían concentrarse entonces en hacer más creíbles y confiables los mecanismos.Por ejemplo, podría generar más credibilidad, entre otras varias acciones, que se difundieran con precisión los casos de policías o inspectores sancionados por malas prácticas; o que se asegure un derecho al descargo-defensa del presunto infractor bien accesible; o que de una forma directa (por ejemplo, en Internet) se transparente en detalle cuántas multas labra y cuánto recauda la Caminera y el destino de esa recaudación. A la vez, los municipios deberían reconocer que es difícil generar confianza si, como en varios casos, contratan a empresas privadas que se queden con el 70 u 80 por ciento de lo que recaudan por multas.Pero si de contradicciones en este rubro se trata, Córdoba puede enarbolar un emblema. Desde hace años, nadie parece saber si son legales o no las multas que cobran una docena de municipios sobre las rutas que los atraviesan, con cámaras y sin entrega de actas en mano. Mientras los funcionarios provinciales aseguran que esa modalidad está fuera de la ley, los intendentes defienden la autonomía municipal y la siguen aplicando. En el medio quedan los ciudadanos, que dudan si corresponde pagar o no. Sólo un fallo puntual y esclarecedor del Tribunal Superior de Justicia, aún pendiente, echaría luz al respecto. ¿Qué creíble puede ser un sistema en el que no se sabe si una sanción es legal o no y en el que los años se suceden sin que ni esa elemental duda se despeje?