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Funcionarios funcionales

Rittatore se recibió en 1988. Desde 1999, año que asumió José Manuel De la Sota su primera gestión como gobernador de Córdoba, ocupa cargos políticos.

12 de junio de 2014 a las 12:02 a. m.
Redacción La Voz
Funcionarios funcionales

El curriculum vitae de Miguel Rittatore, colgado en la página oficial del organismo (www.eldefensorcordoba.org.ar), se puede resumir en lo siguiente: abogado y funcionario delasotista.

Rittatore se recibió en 1988. Desde 1999, año que asumió José Manuel de la Sota su primera gestión como gobernador de Córdoba, ocupa cargos políticos.

Estuvo muy vinculado con las gestiones de Héctor David, hoy fiscal General Adjunto –nombrado en ese cargo también por el actual gobernador, con acuerdo de la Legislatura, en marzo pasado–. Cuando David fue secretario de Justicia y luego ministro de Justicia y Seguridad, Rittatore ocupó distintos cargos en esas carteras: llegó a ser el director General de Asuntos Legales (a partir de 2005) y subsecretario de Protección Integral del Niño y el Adolescente (en 2007).

Cuando David fue nombrado por De la Sota como defensor del Niño en noviembre de 2007, Rittatore también lo siguió, hasta ocupar el puesto de defensor Adjunto. David terminó el plazo legal de cinco años como defensor del Niño en noviembre del año pasado. Desde entonces, Rittatore pasó a estar a cargo del organismo.

Los nombramientos de David y de Rittatore en órganos supuestamente independientes que deben controlar y criticar los gobiernos no son casualidad. El informe de gestión de 2013 es una muestra.

Otro ejemplo es la crítica que se le hizo a David como defensor del Niño por su silencio ante los abusos sexuales a niños y a adolescentes registrados en la Casa del Padre Aguilera. Ese lugar debió ser controlado por él cuando era ministro de Justicia y también cuando era defensor.

El dicho popular “Hecha la ley, hecha la trampa” parece tomar real dimensión: a diferencia de la Ley Nacional de Infancia (26.061), la norma provincial sancionada por mayoría oficialista en 2007 (9.396) establece que el Ejecutivo nombra al defensor previo acuerdo de la Legislatura.