Córdoba. Femicidio de Milagros Bottone: cerraron la causa contra la jueza del caso y la familia denuncia impunidad
La joven fue asesinada en la ciudad de Córdoba en 2023 por su padre. Su madre resultó herida. La familia de las víctimas denunciaron a la jueza que siguió el tema, pero ese planteo no prosperó. La jueza Mariana Wallace afirma que su actuación fue revisada, sin objeciones.
El 17 de mayo de 2023, la vida de Mercedes Martínez cambió para siempre cuando su exmarido, Ricardo Roberto Bottone, irrumpió en su domicilio de barrio Alta Córdoba, en la Capital cordobesa.
A pesar de las restricciones vigentes, el agresor asesinó a balazos a su hija Milagros, de 23 años, e intentó matar a la propia Mercedes. Acto seguido, se quitó la vida.
La noticia del cierre definitivo de la investigación iniciada contra la jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4° Nominación, Mariana Wallace, reabrió tres años después las heridas de una familia que siente que el Estado les dio la espalda.
La jueza dijo a La Voz que su actuación fue revisada en distintas instancias judiciales y administrativas, sin que se encontraran irregularidades
Femicidio de Milagros Bottone: el cierre de la investigación sobre la investigación
Mercedes reveló a La Voz que el Poder Judicial nunca le notificó el cierre de las causas, un hecho que se habría producido en octubre de 2024 sin que la familia recibiera comunicación oficial. Según su relato, ante el silencio judicial, su abogado decidió acudir personalmente al Juzgado de Control para solicitar el expediente, encontrándose con que el proceso ya había sido clausurado.
Asimismo, señaló que la Justicia determinó que "no existe responsabilidad" sobre la magistrada Wallace en relación con el manejo de las denuncias previas al crimen.
Los fundamentos para desestimar las acusaciones se basarían en que se habrían cumplido los procedimientos formales, como la realización de allanamientos y la entrega del botón antipánico a Mercedes.
Sin embargo, para la familia, estos pasos fueron meramente burocráticos y carentes de eficacia real.
Las advertencias desoídas: el botón antipánico que nunca llegó para Milagros
Uno de los puntos más críticos del caso fue la sistemática negación de medidas de protección directa para Milagros. A pesar de que la joven había denunciado que su padre la había intentado ahorcar y que recibía amenazas constantes de muerte, la Justicia le negó el botón antipánico personal.
El argumento judicial fue que Milagros no era la "damnificada" directa, sino que el conflicto era entre sus padres.
"Le negaron el botón antipánico. Le dijeron que ella no era la damnificada, que era yo y que no se lo podían dar", recordó Mercedes. Esta interpretación técnica ignoró el riesgo real que corría la joven, quien intervenía activamente para defender a su madre de los ataques de Bottone.
Incluso el dispositivo que poseía Mercedes falló el día del crimen. Según su testimonio, el botón no funcionaba correctamente y la respuesta policial fue tardía. "Mi botón no funcionaba. Milagros me agarró y salimos corriendo, yo iba apretando el botón y nunca llegó la policía. Nunca llegó el 911", denunció.
El arsenal denunciado y la libertad de un agresor serial
La familia realizó al menos cinco presentaciones ante unidades judiciales y el Polo de la Mujer. En ellas, se advirtió repetidamente que Ricardo Bottone era portador de armas de fuego. A pesar de los allanamientos ordenados por la jueza Wallace, nunca se secuestraron las armas cortas que Mercedes había denunciado específicamente.
"No buscaron en toda la casa. No sacaron las armas que yo denuncié. Denuncié armas cortas y ellos sacaron armas de caza", explicó Mercedes, refiriéndose a que solo se incautaron escopetas de caza antiguas que no eran las que el agresor utilizaba para amenazarlas. Fue precisamente con una de esas armas no detectadas que Bottone cometió el femicidio.
A pesar de las amenazas de muerte explícitas y de las violaciones a la restricción perimetral, Bottone nunca fue detenido. La fiscalía adjunta llegó a sostener en su momento que no estaban dadas las condiciones para su detención, argumentando falta de espacio en las cárceles.
Deudas y taxis: el desamparo económico tras la tragedia
Más allá del dolor por la pérdida de su hija, Mercedes enfrenta hoy una situación económica desesperante derivada del patrimonio y las actividades de su exmarido. Bottone era titular de licencias de taxi en la ciudad de Córdoba, vehículos que tras su muerte quedaron en manos de terceros sin que ella pudiera percibir ingresos de ellos.
Además, el agresor dejó deudas laborales con empleados de los taxis, lo que derivó en juicios contra Mercedes. "Yo me estoy quedando en la calle. Tengo juicios de trabajo que me dejó con empleados", confesó con angustia. La falta de apoyo estatal se traduce también en este plano, donde la víctima debe responder por las obligaciones de quien fuera su verdugo.
El cierre de la causa contra la jueza
El fastidio de la familia se acrecentó al conocerse que la jueza Mariana Wallace continúa desempeñándose como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La magistrada dicta materias relacionadas con el Derecho de Familia y fue invitada a participar en diplomaturas sobre violencia de género.
Para Mercedes y su hija Florencia, esto constituye una "burla". "¿Con qué autoridad moral puede dar ética? ¿Puede dar derecho de familia?", cuestionaron. Y marcan la paradoja de que el área de políticas de género de la Facultad de Derecho lleva el nombre de Milagros Bottone.
La familia describió un escenario de "abuso de poder" y destrato por parte de funcionarios del Polo de la Mujer y del Poder Judicial. Denunciaron que se les negó el acceso real a los expedientes y que las promesas de justicia de diversos sectores políticos nunca se materializaron.
Hoy, Mercedes solo pide ser escuchada a nivel nacional, sintiendo que en Córdoba las puertas se cerraron definitivamente. "Yo quiero justicia ahora. Quiero paz ahora. ¿Cómo la voy a conseguir? No sé con quién hablar", cerró.
Qué dijo la jueza Wallace sobre las denuncias en su contra
Por su parte, la jueza Mariana Wallace aseguró a La Voz que su actuación fue revisada en distintas instancias judiciales y administrativas, sin que se encontraran irregularidades.
Según explicó, todas las presentaciones fueron analizadas y cerradas sin objeciones.
En el ámbito penal, se inició una causa, pero no hubo imputación y la denuncia fue finalmente archivada; en el Tribunal Superior de Justicia, la presentación y no fue abierta y fue desechada; en el Tribunal de Ética, se abrió una instancia de análisis, pero también fue archivada tras evaluar lo ocurrido, ya que se decidió que la conducta de la jueza no ameritaba sanción.
Wallace sostuvo que su actuación fue “avalada desde todos los puntos de vista” y que “no hubo señalamientos ni objeciones por parte de las autoridades”.
“No quiero seguir alimentando la polémica. Entiendo el dolor de esta señora”, agregó. Finalmente, remarcó que las distintas instancias ya se expidieron sobre el tema, por lo que no consideró necesario reabrir la discusión.
