El precio de la desprolijidad

La Legislatura sancionó una ley sustancialmente diferente a la elaborada por la Comisión de Asuntos Ecológicos (CAE) a partir del anteproyecto de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN).

De esta manera, ignoró un proceso de discusión y análisis científico, social, ambiental, productivo y jurídico de expertos y de la sociedad civil, algo inédito en la historia legislativa cordobesa.

Es cierto que dentro de la COTBN no estuvieron representadas todas las asociaciones rurales. Pero esta falla de origen fue subsanada por la CAE, donde se abrieron las puertas para sumar voces.

Podría argumentarse que esta decisión política era necesaria pues las diferencias entre ruralistas y ambientalistas parecían irreconciliables, con lo cual peligraba la sanción de cualquier ley y, con ello, la posibilidad de acceder a los jugosos fondos nacionales.

Se decidió reescribir una ley que dejó conforme a ruralistas. Esta medida ya es polémica porque no se privilegió a los bosques ni a los servicios ambientales que nos brindan (agua y suelos en cantidad y calidad, entre otros).

Pero también es desprolija porque esos cambios ponen ahora en riesgo la constitucionalidad de la norma, pues estaría por debajo de lo que fija la nacional.

No hace falta ser experto en derecho (sólo con comparar lo que dice una ley y otra basta) para darse cuenta de que al menos la decisión de no proteger los terrenos con pendientes superiores al 5 por ciento ya vulnera la ley nacional. Y está el antecedente de Salta por exactamente el mismo punto.

En definitiva, fue una decisión política desprolija porque ignoró meses de trabajo y porque puso en riesgo la aplicabilidad de la propia ley que promovió.