El Estado que hace jugar

El Estado ya no sólo controla sino que además promueve los juegos de azar. Sus defensores argumentan que peor sería si ese vacío lo llenaran los privados. Y machacan con que los recursos recaudados van a la ayuda social. Ese discurso, sin embargo, encuentra grietas y contradicciones, que en el caso de las tragamonedas se agigantan. Suena hasta cruel que en nombre del Estado se diga que una parte de lo recaudado se deriva a la asistencia de los más pobres, cuando es evidente que la mayoría de los apostadores en esas maquinitas son de los sectores socioeconómicos menos favorecidos. Las slots recaudan con las apuestas –y con los sueños– de los que menos tienen. Es como si se les devolviera un retazo de lo que antes se les sacó.Un segundo mito es que esos juegos promueven que lleguen turistas a las ciudades que los ofrecen. Varios informes, en estas páginas, ya han demostrado que la gran mayoría de los apostadores son los propios habitantes del lugar. Basta repasar los datos oficiales para comprobar que en las 17 ciudades hay escasa diferencia entre lo apostado en los meses de mayor y de menor movimiento turístico. Otra paradoja la ofrecen los intendentes que se entusiasman con engordar su recaudación por esta vía. Pasan por alto que esos municipios apenas se quedan con el cuatro por ciento del total de lo que sus vecinos apuestan. El grueso se lo llevan, afuera, una empresa privada y la Lotería. La pregunta correcta entonces sería si con salas de tragamonedas o casinos no emigran acaso de cada localidad más recursos de los que le ingresan.Ni hablar si se profundiza sobre el impacto psicosocial y cultural que deja la sociedad del juego, agravado cuando los tentados con apostar son –vale insistir– los que menos tienen.A pesar de todo esto, las slots se multiplican, en casi todo el país, avaladas por gobiernos de diferentes tendencias, que dicen defender a la gente.