Convenio. Empleados del Servicio Penitenciario de Córdoba podrán cursar derecho desde la cárcel de Bouwer
El TSJ y la Universidad Nacional de Córdoba ampliaron el programa Puede 2026. A partir de ahora, el personal del Servicio Penitenciario podrá compartir las aulas con las personas privadas de su libertad para obtener su título de grado.
En un paso significativo hacia la integración educativa dentro del sistema carcelario, se firmó este miércoles un convenio en el Complejo Carcelario Bouwer para extender el programa de enseñanza del Derecho denominado Puede 2026.
Esta iniciativa, que pertenece a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), permitirá que los agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba accedan a la carrera de Abogacía dentro del mismo predio donde cumplen sus funciones.
Integración académica en Bouwer
La novedad central del acuerdo es que los empleados y empleadas de la institución quedan habilitados para recibir la misma formación académica de grado que ya se brinda a las personas internas.
De esta manera, el personal penitenciario podrá cursar las materias de la carrera en igualdad de condiciones, fomentando un espacio de aprendizaje compartido en el ámbito carcelario.
El acto de firma fue presidido por el titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Domingo Sesin, quien estuvo acompañado por los vocales Luis Angulo y Jessica Valentini.
También participaron autoridades clave como el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y el decano de la Facultad de Derecho de la UNC, Carlos Toselli.
Educación como pilar del sistema
El objetivo primordial de esta ampliación es integrar al personal en los procesos de formación universitaria, lo que permite fortalecer el sistema educativo dentro de las cárceles provinciales.
La iniciativa cuenta con la coordinación de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, bajo la conducción de Marcela Aspell.
Con esta medida, se busca no solo brindar herramientas profesionales al personal de seguridad, sino también optimizar el clima institucional a través de la educación y el conocimiento legal compartido.
El programa reafirma el compromiso de las instituciones judiciales y académicas por garantizar el acceso a la formación superior en contextos de encierro, extendiendo ahora este beneficio a quienes trabajan día a día en el sistema.
