El día después de la marcha de los médicos: "La imputación fue la gota que rebalsó el vaso"

Continúan las repercusiones de la multitudinaria marcha que el lunes pasado convocó a médicos y profesionales de la salud. "Nunca imaginamos que participaría tanta gente. Esto nos demuestra que estamos hartos de las amenazas. Las imputaciones a los médicos del geriátrico de Saldán fueron sólo la gota que rebalsó el vaso", explicó Carlos "Pecas" Soriano, uno de los profesionales que participó de la manifestación que reunió pacíficamente a miles de autos en una caravana que tuvo como epicentro el edificio de Tribunales I.

El especialista en Medicina de Emergencias y experto en Bioética explicó que la marcha fue autoconvocada. “De repente me aparecieron mensajes en distintos grupos de whatsapp que me invitaban a participar de una manifestación que se haría en autos, en caravana, el lunes 25 de mayo. Nunca imaginamos que íbamos a ser más de mil protestando en forma pacífica”.

El principal objetivo de la manifestación fue repudiar la imputación de Lucas Figueroa, médico del geriátrico Santa Lucía, Saldán, donde se produjo el primer foco de Covid-19. En una palabra, rechazar la decisión de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), creada para la investigación de delitos asociados con la pandemia y a cargo de Andrés Godoy, quien sancionó al profesional por considerarlo “incurso en la comisión del delito, encuadrable prima facie, en la figura de ‘propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas’ en calidad de autor”.

La Ufes también imputó al director Médico de la residencia, Marcelo Lázaro, porque “habría incurrido en la comisión del delito de ‘propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas’, agravada por el resultado de enfermedad y muerte, en calidad de autor”.

“Es curioso que un fiscal haya actuado tan rápido. Hay versiones que indican que Figueroa tomó todos los recaudos y que habría pedido a las autoridades del geriátrico que tomen más medidas para prevenir los contagios. Actuó de acuerdo con el juramento hipocrático que dice que los profesionales no debemos perjudicar”, explicó Soriano.

El profesional indicó que los médicos que en este momento trabajan en la trinchera sienten una gran carga de angustia extra, además de la incertidumbre de luchar contra un amigo invisible, que es el covid. “Tenemos que estar cuidándonos las espaldas de que, encima nos imputen. La decisión del fiscal me parece, al menos, exagerada. Si, en definitiva, se cometió un error, entonces por qué no imputan al COE (Comité de Operaciones de Emergencias) de la Provincia por haber derivado a 38 pacientes a un hospital donde hay gente sana? ¿Por qué no imputan a la Provincia por haber pasado en una semana de fase 3 a fase 4?”, replicó.

La decisión provocó el rechazo de la comunidad médica, profesionales universitarios y asociaciones de empresas de la salud. La Sociedad de Infectología de Córdoba publicó el domingo una “carta abierta” expresando su preocupación: “Hoy debemos preguntamos: ¿En qué momento el personal de salud, aquel que se mantuvo y sigue estando en la primera línea de batalla, quedó reducido al maltrato de ser considerado cual si arma biológica se tratase?”.

La entidad científica advirtió: “Es un insulto a quienes transcurren sus horas sin descanso, a quienes no se detienen en la búsqueda de respuestas, a quienes sostienen con la mirada los ojos moribundos de un enfermo, dando ánimo aún hasta el final. Cuando la enfermedad se convierte en un estigma social sólo logramos fortalecer a nuestro contrincante”. La entidad que nuclea a los infectólogos ofreció su apoyo al personal de salud o paciente que “sufra violencia o maltrato por padecer una enfermedad infectocontagiosa”.

Por su parte, Raúl Audenino, presidente de la Federación de Especialidades Médicas de Córdoba y uno de los voceros de los médicos autoconvocados, indicó: “Hace meses que venimos maltratados. Por eso decimos: ‘Basta de amenazas’. Los empleados de los hospitales están obligados a firmar una declaración jurada, a certificar que no tienen síntomas de alguna enfermedad infectocontagiosa, bajo la amenaza de sanciones. No hay que olvidar que muchos pacientes con coronavirus no desarrollan síntomas”.

Audenino criticó también la decisión de la Provincia de judicializar la salud, en esta delicada situación de pandemia. Al recordar que el 13 de abril, el Ministerio de Salud de Córdoba presentó una denuncia penal contra el director del Geriátrico Santa Lucía “por el supuesto incumplimiento en su deber de prestadores del cuidado y salud de los adultos mayores a su cargo; así como también, por su posible actuar negligente”, según informó Prensa de Gobierno.

“No todos los hospitales tienen los elementos de protección personal, pero los profesionales estamos obligados a trabajar. Por un lado nos corre la Justicia y, por otro, el sistema de salud. No podemos desempeñarnos en estas condiciones”, indicó.

Los referentes advirtieron que aumenta el riesgo de sobreindicación o sobreprescripciones, cuando los médicos trabajan bajo presión o angustia.

Audenino informó que, después de la convocatoria del lunes, una comisión de médicos autoconvocados se reunirá este martes por la tarde para evaluar las acciones a seguir.

Representantes de gremios y de agrupaciones que nuclean a los profesionales de la salud conformaron el martes una mesa de trabajo permanente, informó Pablo Lutterini, secretario gremial de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra).

La instancia tuvo como objetivo lograr la mejora de las condiciones de trabajo de los agentes sanitarios. Participaron, entre otros, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba y los colegios que nuclean a los farmacéuticos, odontólogos y bioquímicos, además de gremios como el Sindicato de Emergencias Médicas de Córdoba, la Federación Médico Gremial, Amra y el Foro de Especialidades Médicas de Córdoba. Por la salud privada, estuvo presente Aclisa.