Córdoba: confirmaron el procesamiento de un empresario por supuesta trata laboral
La Sala A de la Cámara Federal resolvió la medida sobre Cabrera por la presunta trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por involucrar a menores de edad.
La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento del empresario Roberto Ángel Cabrera, dedicado a la confección y venta de ladrillos, por la presunta trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por involucrar a menores de edad.
El caso
El Ministerio Público Fiscal, a través de su sitio Fiscales, recordó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) investigó en las zonas aledañas a la planta de la firma Coca Cola, ubicada sobre la ruta 19, del barrio La Floresta y Malvinas Argentinas.
La fuerza de seguridad pudo constatar que en un predio donde funcionaba un cortadero de ladrillos observaron la presencia de personas aparentemente extranjeras, entre los que había niños y niñas de entre diez y doce años, "quienes acarreaban agua para la formación del barro que luego los mayores cortaban para formar los ladrillos".
Resolución
El fiscal federal Enrique Senestrari requirió procesar a Cabrera, lo que fue tenido en cuenta por el juez federal Ricardo Bustos Fierro, tras lo cual los jueces de la Sala A del tribunal, Eduardo Ávalos, Ignacio María Vélez Funes y Graciela Montesi, entendieron que había quedado demostrado que Cabrera era quien venía ladrillos en el sector.
Fiscales informó que la Sala A determinó “mediante las averiguaciones practicadas por personal policial al comienzo de la investigación, que el dueño del predio era Roberto Ángel Cabrera, que era la persona que vendía ladrillos en la zona”.
El juez Ávalos consideró en su voto que “más allá de que alguno de los empleados respondería a otro ‘patrón’, esta circunstancia no lo desvincula a Cabrera de la responsabilidad frente a las personas que se encuentran trabajando en su predio, máxime si se tiene en cuenta que muchos de ellos vivían con sus hijos menores de edad, a quienes tampoco se les ofrecía educación escolar”.
La Cámara Federal de Córdoba señaló Cabrera "alojaba y acogía en su predio a trabajadores de nacionalidad boliviana para que en forma directa o indirecta trabajaran en el cortadera de ladrillos para su propio beneficio, siendo él mismo el obligado a velar por sus necesidades básicas en cuanto a vivienda digna, alimentación, higiene, seguridad, salubridad y vestimenta”.
También destacaron que, “respecto al medio utilizado por el encartado a los fines de la explotación laboral, (…)" Cabera "se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad exteriorizada por las declaraciones testimoniales de los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y de la PSA que efectuaron un relevamiento del personal"
Cabrera también se habría aprovechado de la perito trabajadora social que intervino en la causa, "testimonios que reflejan una situación de extrema necesidad económica, baja instrucción educativa y desarraigo de su ámbito habitual de convivencia”.
