Permite ahorro de recursos, pero debe brindar garantías
Es obvio que la tecnología debe ser supervisada por los operadores judiciales que deben brindar las garantías de esos actos.
En uno de los casos en el que la videoconferencia fue aplicada recientemente, se comprobó la identidad de la testigo y se resguardó el ámbito en el que declaraba, entre otras previsiones. En otro, el traslado de los condenados era considerado muy riesgoso y se evitaron muchos inconvenientes con esta tecnología.
El secretario penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Sosa Lanza Castelli, ponderó las bondades del sistema y explicó que puede ayudar a responder a la demanda de los presos que a partir de un “desacartonamiento” de la Justicia tienen posibilidad de expresar mayores demandas. Añadió que el TSJ inscribe esta iniciativa en un marco en el que también están la “despapelización” (expediente o sumario informático), achicar los tiempos procesales y otras iniciativas que buscan agilizar los procedimientos.
La tecnología, además de generar un ahorro de recursos que tienen posibilidad de asignarse a otros destinos, puede agilizar procedimientos.
