En el marco del extenso y complejo proceso concursal de Molino Cañuelas SACIFIA y Compañía Argentina de Granos S.A., el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de 6.ª Nominación de Río Cuarto, a cargo de la jueza Mariana Martínez, dictó una resolución que homologó un convenio de aportes previsionales por más de U$S 1,8 millones.
Se trata de la homologación del acuerdo transaccional alcanzado con la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, que permite a las empresas concursadas cerrar un litigio de varios años relacionado con los aportes y las contribuciones de ley.
Es parte de un concurso histórico en la Justicia de Córdoba. Por el final del proceso, la megaempresa alimenticia, que es dueña de marcas como los bizcochitos 9 de Oro y la harina Pureza, ya le reportó a la Justicia de Córdoba un ingreso de $ 4.383.266.727,34 en diciembre pasado, en calidad de tasa de Justicia.
Este avance se produce en un escenario nacional donde los grandes concursos preventivos están bajo la lupa. Mientras Molinos Cañuelas logra destrabar puntos críticos de su pasivo, otros gigantes como Vicentin aún se encuentran "lejos de poder dar vuelta la página", envueltos en procesos que, según expertos como Francisco Roggero de ZBV Abogados, evidencian las fallas del sistema de concursos y quiebras en Argentina, permitiendo en ocasiones "la consagración de terribles abusos" y demoras que superan los cinco años.
El acuerdo, firmado originalmente el 30 de abril de 2026, establece una "justa composición de intereses" para resolver recursos de apelación que se encontraban en trámite ante la Cámara de Apelaciones de 1.ª Nominación.
Según el acta acuerdo transcripta en el auto de homologación, las partes decidieron realizar una actualización del capital que originalmente había sido fijado en julio de 2025.
Uno de los puntos más relevantes del convenio es la protección del valor del crédito frente a la inflación. En la cláusula quinta del acta, se establece textualmente: “Ambas partes, a los efectos de resguardar el monto del crédito, convienen que la suma reajustada precedentemente será convertida a la moneda dólar estadounidense, quedando conformada en un total de un USD 1.860.549)”.
La cordobesa Molino Cañuelas anuncia acuerdo por su deuda, con casi 90% de los acreedores
A pesar de esta dolarización, el pago se efectiviza en moneda nacional. El esquema de cancelación acordado estipula que el 35% del total (U$S 651.192,31) debía abonarse el mismo 11 de mayo de 2026.
De hecho, registros financieros confirman que Molino Cañuelas procedió a realizar una transferencia electrónica de fondos a través de la red Interbanking ese mismo día, por un importe de $ 910.366.849,38, cumpliendo con la primera etapa del plan.
El 65% restante se saldará en 27 cuotas mensuales (26 iguales y una final), con un interés anual del 6% sobre el saldo, siguiendo criterios del Tribunal Superior de Justicia para deudas de valor.
Los protagonistas legales
La arquitectura jurídica de este acuerdo involucró a reconocidos estudios y profesionales. Por el lado de las empresas concursadas, la representación estuvo a cargo de Ramón Ortega, Facundo Clodomiro Carranz y Emilce Cafure. En tanto, la Caja de Previsión Social actuó bajo la representación de su presidente, Guillermo Federico Weissbein, y la vocal Mónica Lidia Fonti, con el asesoramiento legal de Lucas Irasusta.
La negociación con alrededor de 650 acreedores fue compleja, pero la compañía logró presentar una propuesta de reestructuración que obtuvo la conformidad de más del 89% del capital verificado. Este acuerdo fue homologado judicialmente en julio de 2025. Lo que restaba determinar, a partir de allí, eran los honorarios y los aportes, lo que se llama “las costas” del juicio.
Una disputa de fondo: La constitucionalidad del aporte
Más allá de las cifras, el acuerdo cierra una grieta jurídica sobre la constitucionalidad del Art. 7 inc. b 1 de la Ley 8349, que regula la contribución a cargo de terceros en el ámbito previsional de los profesionales de ciencias económicas. Aunque las empresas y la Caja desistieron de sus recursos de apelación para viabilizar el pago, ambas mantuvieron a salvo sus posturas ideológicas.
En este sentido, la Caja expresó que su desistimiento “es al solo efecto de arribar al presente acuerdo, pero no significa aceptar ni reconocer los términos de la mencionada sentencia, ratificando en un todo, la defensa de la constitucionalidad del mencionado artículo”.
Por su parte, Molino Cañuelas y Compañía Argentina de Granos manifestaron que el paso dado es “al solo efecto conciliatorio sobre derechos litigiosos, dudosos o de resultado incierto”.
Contexto y proyecciones
El éxito de este acuerdo parcial en el concurso de Molinos Cañuelas contrasta con la visión crítica de algunos sectores sobre la Ley de Concursos y Quiebras vigente. En el caso de Vicentin, por ejemplo, se ha cuestionado la falta de límites para la quita de deudas, lo que a menudo lleva a que empresas "fundidas" convivan con "dueños ricos", según planteó el abogado Francisco Roggero.
Para Molinos Cañuelas, la homologación de este convenio representa un paso firme hacia la estabilidad. La jueza Martínez ordenó que la resolución sea publicada en el portal web de Grandes Procesos Concursales y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia, subrayando la relevancia pública de este proceso. Asimismo, se instruyó a la Sindicatura plural para que realice el control del cumplimiento de los pagos mensuales acordados hasta la finalización del plan en 2028.
Este acuerdo no solo alivia la carga financiera inmediata de la compañía, sino que también despeja el horizonte judicial de cara a la etapa final de su reestructuración.
Resta que se cierre un acuerdo similar de aporte con la Caja de Previsión de los abogados, que se está negociando en términos similares a los que se cerró con los contadores.
