Llamadas. Infierno de rumores. Cincuenta periodistas haciéndole guardia a toda hora. Un estilo que no conforma a sus superiores. Recuerdos bochornosos, de miles de personas insultándolo en las calles, de investigadores investigados, de desconfianza generalizada, abonada por los más recónditos intereses. Un secreto sumarial que debe justificar. Que se le vence en pocas horas. El fiscal del caso Nora Dalmasso tiene la espada de Damocles del jury aún encima y una historia que no tolera más errores. Javier Di Santo tendrá que dar hoy una señal.
Así empezaba un comentario titulado “En jaque”, publicado el 6 de junio de 2007, horas antes de que se imputara a Facundo Macarrón por “sospecha leve”. Esta semana, en que Di Santo y sus pares, Daniel Miralles y Luis Pizarro, fueron destituidos por negligencia y mal desempeño, empleados judiciales marcharon con un gran cartel: “Cuando la Justicia se mezcla con la política, la verdad suele ser la primera víctima”, decía.
También recrudecieron rumores. El más viejo y repetido, –secreto a voces en los pasillos de Tribunales– alude a que cuando imputó a Facundo Macarrón, Di Santo se encontraba en la Fiscalía General, en Córdoba. Supuestamente tenían lista la orden de detención y él dijo “Ya vengo, voy a buscar una cosa al auto”. Y se volvió a Río Cuarto, sin avisar. “Cuando le llamaron para firmar, ya estaba en la ruta, cruzando Almafuerte”, asegura la versión.
La acusación contra los fiscales en el jury hizo foco en la omisión de investigar con perspectiva de género, se basaron en el prejuicio de “mala víctima”. Facundo Macarrón estuvo acusado del abuso y homicidio de su madre durante cinco años. No consideraron la hipótesis Bárzola y descartaron el ataque sexual. “Dalmasso tenía lesiones en la cabeza, en el cuerpo, en la mama, en la vagina, en el ano. Parece que eran pocas”, subrayó la fiscal Betina Croppi.
Los fundamentos del jury aún no se conocen, pero los intereses y prejuicios ya tironean su credibilidad. El caso Nora Dalmasso nunca fue un homicidio más. Se politizó desde el inicio, por los nombres en danza.
Marcelo Macarrón recibió la noticia del asesinato en boca de su amigo Daniel Lacase, exsegundo de Julio César Aráoz en la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, abogado y dirigente con sólidos contactos. Uno de los que había viajado con el grupo a Uruguay era Alfonso Mosquera, legislador, luego ministro (y actualmente imputado por abuso sexual).
A dos días del hallazgo del cuerpo, el propio gobernador José Manuel de la Sota llamó a Lacase y le dijo: "Daniel, estoy dolorido y conmocionado con lo que ha pasado con tu amigo y pongo todo a disposición de la familia. Esto se va a investigar hasta las últimas consecuencias. Si es necesario haré que intervengan la Side, el FBI, lo que haga falta...".
Al tercer día, por rumores que lo vinculaban a la víctima, Rafael Magnasco, asesor del secretario de Seguridad de la Provincia, Alberto Bertea (enfrentado con Lacase desde la interna menemista), renunció y se ofreció a hacerse un ADN.
Enseguida nombraron a tres fiscales para la causa, enviaron a Río Cuarto al jefe de Homicidios de Córdoba. En diciembre, a horas de una visita del presidente Néstor Kirchner a Río Cuarto, renunció Bertea y abrieron tribunales para tomarle declaración testimonial casi a la medianoche, para evitar contactos con la prensa.
A comienzos del 2007, año de una de las elecciones más reñidas de la Provincia, De la Sota pidió la renuncia al ministro de Seguridad, Sergio Busso, y descabezó la cúpula policial.
En febrero, imputaron a Gastón Zárate y “el perejilazo” forzó la renuncia del titular del ministerio público: Gustavo Vidal Lascano. El intendente de Córdoba Luis Juez, aspirante a la gobernación, acusaba a De la Sota de haber ordenado la detención del pintor. El 5 de diciembre, por la muerte de una nena, una pueblada prendió fuego a siete juzgados en Corral de Bustos.
En Río Cuarto, Zárate fue liberado en tiempo récord. Pero Di Santo lo mantuvo imputado hasta que llegó el ADN del FBI, en el 2011. El mismo informe había detectado la huella de un desconocido en el cinto con que ahorcaron a la víctima. Ese perfil genético NN esperó 13 años hasta que el fiscal Pablo Jávega lo cotejó con el del parquetista Roberto Bárzola, actualmente imputado que pide la prescripción.
La verdad vs. la noticia deseada
La causa fue acompasando el vaivén de los tiempos electorales. La impunidad del caso judicial más resonante de la Provincia era un botín de guerra para algunos y un lastre para otros, en la pelea por la presidencia, la intendencia o la gobernación.
Justo antes del noveno aniversario del crimen, la Justicia Federal aportó escuchas, entre personal de Policía Judicial de Córdoba y miembros de la ex-Side. Quedó en evidencia que le hicieron una investigación paralela a Di Santo, con personal encubierto con acceso al expediente.
“La demagogia también tiene su versión sangrienta: quieren silenciar la verdad cuando no coincide con la noticia deseada”, me apuntó un exinvestigador.
Hoy, tras dos décadas de pasos en falso, el juicio político que destituyó a los tres fiscales también tiene múltiples lecturas. Unos mencionan la necesidad de “fusibles” o peor aún, de “terminar con el tema”. Otros concluyen que no exponer intromisiones, presiones, tampoco garantiza una carrera judicial sin sobresaltos.
El descreimiento popular en la política se trasvasa a la Justicia, eclosiona y se cierne sobre el periodismo. Y la democracia requiere Política, Justicia y Periodismo con mayúsculas.
El homicidio de Nora Dalmasso es un frío recordatorio: cuando alguien pretende que el Poder Judicial navegue según el viento electoral, el riesgo de quedar a la deriva es permanente. Un femicidio no debe convertirse en una pulseada. ¿Cómo destituimos a la politiquería?
