Fallo. Caso Marcela Iglesias: la Corte Interamericana condenó a Argentina por la muerte de la niña en 1996
A tres décadas de la tragedia en el Paseo de la Infanta, el tribunal internacional responsabilizó al Estado por no supervisar la escultura que causó el fallecimiento. Los detalles.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a la República Argentina responsable por la muerte de Marcela Iglesias, la niña de 6 años que falleció en 1996 tras ser aplastada por una escultura de hierro.
El fallo, dictaminado el pasado 26 de noviembre, establece que el Estado incumplió su deber de regular, supervisar y fiscalizar la instalación de la obra en el espacio público.
Reparaciones y medidas de memoria
La sentencia obliga al Estado nacional a pagar a los padres de la víctima una suma fijada en concepto de gastos por tratamiento médico y psicológico.
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Además, se dispuso la creación de un espacio de memoria y recreación para la niñez y la adolescencia, el cual deberá concretarse en un plazo máximo de dos años.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá compilar y publicar de forma permanente en su sitio web la normativa aplicable a la materia del caso.
Un reclamo de tres décadas
El hecho ocurrió el 5 de febrero de 1996 en Palermo, cuando una estructura de hierro de más de 200 kilos se desplomó sobre la niña durante una excursión.
La investigación ante la CIDH confirmó que la escultura estaba en evidente estado de oxidación y sujeta solo por un punto de soldadura.
Pese a estas irregularidades, la causa judicial en Argentina fue declarada prescripta por la Cámara de Casación, lo que impidió condenas locales.
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"La justicia vino de afuera"
"Acá ningún juez nos escuchó. Le habíamos prometido a Marcela que mientras estemos vivos íbamos a pedir Justicia y se cumplió", expresó Nora Ribaudo, madre de la víctima.
Ribaudo, quien hoy tiene 76 años, recordó que su única hija fue "la nena de todo el país" y que el fallo internacional abre una esperanza para la familia.
Con esta resolución, el tribunal internacional cierra un proceso de reclamos que se extendió por más de 30 años ante la falta de respuestas en los tribunales argentinos.
La sentencia marca un precedente histórico sobre la responsabilidad estatal en la fiscalización de estructuras en espacios públicos y el acceso a la justicia.
