El carné de afiliada que conseguirá Irene

Irene tiene 59 años e intentó hace unos meses afiliarse a una empresa de medicina prepaga, pero la rechazaron. Vivió una década en Estados Unidos con sus hijos, hasta que en 2010 decidió que su cuota estaba cumplida y volvió. Tiene rentas inmobiliarias que le auguran un buen pasar económico, apuntalado además por la ayuda que cada tanto le pasan sus hijos. Pero no tiene la cobertura de salud que quiere.Después de que se sancionó la ley que regula a las empresas de medicina privada, fue a las dos más reconocidas a pedir que la afilien, ya que el texto del Congreso impide a las prepagas rechazar a cualquier interesado, más allá de la edad que tenga o si está sano o enfermo. No tuvo suerte: en los dos casos argumentaron que aún el Ejecutivo no reglamentó esa ley y que hasta eso suceda, seguirán con las reglas viejas.Irene no dio más vueltas. Asesorada por su abogado, planea presentar esta semana un amparo para que la afilien, alegando que la ley 26.682 impide que la edad o las enfermedades preexistentes sean causa de rechazo.Entre las empresas, admiten que este amparo no será el primero ni el último. Desde mayo pasado, cuando se sancionó la ley, se triplicó la demanda de interesados por afiliarse. Algunos, como hará Irene, lo lograron a través de la Justicia.El próximo 17 de noviembre se cumplen 180 días desde que fue promulgada la ley 26.682. En ese plazo, el Eje­cutivo debía reglamentar la letra chica a los fines de que entre en vigencia la ley, pero todavía no hay noticias.Fuentes del sector sostienen que no está en el espíritu del ministro de Salud, Juan Manzur, reglamentar la ley y que –dado que continuará en su cargo luego del 10 de diciembre– optará por no hacer nada. Quienes han conversado con él, sostienen que el funcionario reconoce que la reglamentación no podrá morigerar el desbalance financiero que implicará la aplicación plena de la ley.Como ha sucedido tantas veces con leyes aplaudidas en el Congreso, que quedan sin aplicación, Manzur sería de la idea de que la Justicia intervenga en casos puntuales, que siempre serán menos gravosos que abrir las puertas en masa.Las prepagas tienen unos cuatro millones de afiliados. Las cinco más grandes concentran el 75 por ciento del mercado. La mitad de sus afiliados corresponde a contratos corporativos, 25 por ciento proviene de obras sociales por traspaso y el otro 25 por ciento son afiliados libres, como pretende Irene.Es probable que la judicialización de la salud –muy común para conseguir determinadas coberturas– también se aplique a la hora de conseguir el carné de afiliado.