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Cae la ejecución de programas sociales

Hay menos presupuesto que el año pasado y, en algunos casos, ninguna asignación. Esto incluye la prevención de la drogadicción y de la violencia familiar. La Provincia dice que sólo hubo un rediseño. Reclamo de profesionales, funcionarios y ONG.

02 de diciembre de 2012 a las 12:01 a. m.
Laura Leonelli Morey y 
Edgardo Litvinoff
Cae la ejecución de programas sociales
Antes y ahora. Mariela iba a la escuela integral Lelikelén. Ahora es un Cenma común (Facundo Luque/La Voz).

En la asociación civil ProJoven, de Villa Carlos Paz, no saben a dónde derivar a un joven adicto de 15 años.

El centro socio-educativo Lelikelén, que aglutinaba a chicos en conflicto con la ley penal, fue desmantelado.

En Villa Cornú, ciudad de Córdoba, un centro que cuida a bebés en máximo estado de vulnerabilidad hace malabares para poder darles de comer (Ver Infografía).

Todos estos casos tienen un elemento en común: las demoras e incluso el freno a la ayuda que hasta el año pasado llegaba desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Ya sea si se compara con lo que se gastó el año pasado o bien si se analiza lo que se dejó de hacer este año, la conclusión es similar: el Estado cordobés destinó en lo que va de 2012 menos fondos para algunos programas sociales. Esto incluye asistencia a niños y adolescentes, prevención y tratamiento de adicciones o prevención de la violencia familiar, entre otros.

Las causas varían según quién las explique. Un cúmulo de organizaciones sociales –que incluye a colegios de profesionales, oposición legislativa, asociaciones civiles y universidades (ver página 9)– aseguran que la Provincia retacea fondos que sí se otorgaban en la anterior gestión.

Para el actual gobierno, en cambio, se trata de un rediseño de los programas y una reasignación de partidas, a la vez que niega que se esté subejecutando el presupuesto social.

Mucho menos. Los números –entregados por el propio Gobierno en la Ejecución Presupuestaria de septiembre de 2012– hablan: en casi todos los rubros que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, el presupuesto es menor al de 2011, al igual que su ejecución a esta altura del año.

Por ejemplo, en 2011 se presupuestaron 11.640.000 pesos en microcréditos de tres mil pesos que entregaba el Banco de la Gente. Y a septiembre de ese año se llevaban entregados unos seis millones. Para este 2012, el presupuesto total es similar, pero lo ejecutado hasta ahora fueron... 225 mil pesos.

La explicación oficial es que hubo “cambios con la fundación Banco de Córdoba, con una reconversión de requisitos y modificación de montos (los créditos serán de hasta cinco mil pesos), lo que “llevó tiempo”. Pero aseguran que las líneas de crédito se están ejecutando.

Otro programa que figura con presupuesto casi nulo y nula ejecución (cero peso) es el de Oportunidades de Desarrollo Personal para Adolescentes, que incluía fondos para proyectos como la escuela Lelikelén, talleres de inclusión social, becas de capacitación y ayuda para el centro educativo del Complejo Esperanza.

Tampoco hubo recursos para el programa de Descentralización Territorial (711 pesos de presupuesto y cero pagado), que incluía el fortalecimiento de las 12 Uder (Unidades de Desarrollo Regional) en el interior, cuyo fin es abordar la problemática de niños y adolescentes.

Sin tratamiento. El de Prevención de la Drogadicción es un caso especial: con la nueva gestión de José Manuel de la Sota, el área perdió el rango de secretaría, y la actual Sepadic (Subsecretaría de Prevención de Adicciones) pasó a la órbita de Desarrollo Social.

Sin embargo, la diferencia es notable: mientras que el año pasado llevaba gastados a esta altura más de dos millones de pesos de los 4.432.000 presupuestados, en septiembre apenas figuraban 4.181 pesos de los 3.877.000 presupuestados (menos del uno por ciento).

La entidad promociona como realizaciones de este año los programas “Pasala bien” (capacitaciones a docentes para impulsar talleres para adolescentes) y “Pasar al frente” (orientado a padres), además de avances para formar una red primaria de atención. Pero nada que implique manejo de presupuesto para campañas, convenios especiales o programas que requieran una inversión mayor que la de sueldos de personal.

Un reflejo de la precaria situación del área es que, a pesar de las promesas, en lo que va del año no pudo dar respuesta a las asociaciones civiles y ONG que recibían becas para tratar a chicos adictos menores de edad y sin obra social.

Desde Desarrollo Social, aseguran que muchas entidades no tienen los papeles en regla e insisten en que falta una mayor regulación, aunque por otro lado prometen que en algún momento las becas retornarán.

Familia y alimento. Otra área que se agregó a Desarrollo Social fue la de prevención de la violencia familiar. Si se suman estos programas, más los que continúan bajo la órbita del Ministerio de Justicia (que aún mantiene el área de asistencia), representaban 10.482.000 pesos en el presupuesto 2011.

Este año se presupuestaron 12 millones. Pero en septiembre del año pasado se habían pagado 5,1 millones, contra 3,9 millones de este período (un tercio de lo presupuestado).

Algo similar ocurre con los programas alimentarios para los que, tanto en 2011 como en 2012, se presupuestó casi lo mismo: 62 millones. Y a septiembre, también en ambos casos, se había ordenado pagar casi 37 millones de pesos. Pero en 2011 se pagaron efectivamente casi 24 millones y este año, casi 19 millones.

Más allá de las explicaciones de cada caso, los funcionarios de Desarrollo Social señalan que hasta entrado este 2012 se estuvo pagando deuda de la anterior gestión, por lo que el cálculo es injusto.

Sin embargo, la ejecución presupuestaria de un año y otro no sólo fue realizada por la Provincia, sino que está hecha con los mismos parámetros, de manera que lo que sirve de justificación a una gestión, podría servir para otra.

Mientras tanto, más allá de las causas y los números, mucha gente espera respuestas.

Cuestión de prioridades

La Casa de la Provincia de Córdoba en Buenos Aires, por ejemplo, tiene más presupuesto ($ 4,7 millones) que Prevención de la Drogadicción (3,8 millones). No sólo eso: en la primera ya se gastaron 2,7 millones y en la segunda, cuatro mil pesos.

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