Tres claves para evitar el naufragio de la norma

Una ley vetada y dos proyectos con media sanción. Ése es el resultado de un debate que ya lleva más de tres años.

La protección de los glaciares y zona periglaciar mete el dedo en la llaga en la megaminería acusada de contaminar y de absorber los recursos hídricos en territorios donde lo que menos abunda es el agua.

Ya el Parlamento de la Unión Europea pidió que los países miembro prohíban el uso de cianuro en la minería y destacó que esta industria no es generadora de trabajo genuino y es insegura.

Ahora, además de la media sanción del Senado, tres interrogantes definirán cuál será el destino de nuestra principal reserva hídrica:

Inventario. Por ahora no se sabe cuánto territorio se protegerá, porque se desconoce la cantidad de glaciares que hay en Argentina. El texto promueve la creación de un inventario a un instituto del Conicet (Ianigla) que deberá fijar criterios para delimitar el área protegida.

Interpretación de la autoridad. La falta de precisión que tiene la ley en su definición de área periglaciar y otros puntos puede prestarse a interpretaciones antojadizas por parte de la autoridad de aplicación, las provincias cordilleranas y las mineras. Este detalle, alertado por las organizaciones ambientalistas, puede ser el sustento para que la megaminería siga en el territorio argentino.

Leyes provinciales. Jujuy, La Rioja y San Juan ya cuentan con leyes provinciales para "proteger" sus glaciares, aprobadas a contrarreloj. Se plantearía la inconstitucionalidad de estas normas más permisivas y que no se adecuan a los presupuestos mínimos del texto nacional, como prevé la Constitución Nacional. En este revuelto legislativo, las ganancias irían a las provincias mineras y a la industria.