La Justicia de Córdoba tomó una medida inédita: resolvió que el piloto que realizó un sobrevuelo no autorizado en la zona conocida como el "Baño del Cóndor", en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en las Sierras Grandes de Córdoba, repare el daño ambiental con la entrega de 30 pares de calzados destinados a los guardaparques del lugar.
La resolución estuvo a cargo de la Fiscalía General N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, la que consideró que el caso encuadraba para resolverlo mediante la "justicia restaurativa", una solución alternativa al proceso penal, y acordó una reparación de $ 9 millones.
Pero, por sugerencia de las autoridades del parque, en vez del dinero, se dispuso que el piloto entregara zapatillas de trabajo y calzados de seguridad.
En el proceso intervino la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal de Córdoba, a cargo del fiscal Carlos Gonella, y cuyo coordinador es el fiscal auxiliar Gonzalo Fragueiro.
La entrega del equipamiento se realizó en la sede de la Fiscalía, con la presencia de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), la representante legal de la Administración de Parques Nacionales (APN), Mariel Viviana Schneider; la intendenta del Parque Nacional La Quebrada del Condorito, Elizabeth Tosca Gattolín, y el guardaparque Nicolás Vallejos.
El hecho, que fue denunciado penalmente en marzo de 2025, sucedió en un área sensible para las aves que son el ícono del parque: su zona de descanso, acicalamiento y socialización. La conducta del piloto quedó registrada en un video grabado por un guía de montaña, quien documentó cómo el aparato perturbó al menos a 30 ejemplares que estaban en el lugar.
¿En qué consiste la salida alternativa al proceso penal?
El fiscal Carlos Gonella explicó a La Voz que la salida alternativa al proceso legal se trata de un nuevo dispositivo que conlleva un cambio de paradigma: en lugar de seguir un proceso penal tradicional, se aplica una salida armoniosa entre las partes.
Además, el fiscal amplió que se trata de una mesa en la que las partes dialogan: la parte a la que se le atribuye el hecho hace un ofrecimiento; y la otra escucha, expresa lo que tiene que decir, y acepta o no.
"Por eso se llama justicia restaurativa, porque tratamos de armonizar los intereses y, dentro de eso, se tiene que reparar el daño", señaló.
En este caso, "sucedió algo armonioso. Hablamos con las autoridades del parque y estuvieron de acuerdo en que aplicáramos una salida alternativa. Y la persona acusada se comprometió a donar equipamiento técnico a los guardaparques afectados", expresó.
Gonella resaltó que en esta nueva dinámica de trabajo, de la que está a cargo desde hace un año y medio, se trata de escuchar a las partes, armonizar los intereses y restablecer la paz. De lo contrario, "el caso iba a dormir hasta su prescripción, y eso no le sirve a nadie... y mucho menos al parque", remató.
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¿Cómo se llega a esta resolución?
En el mediodía del 15 de marzo de 2025, Martín Ávila, guía autorizado del parque, advirtió el sobrevuelo de un helicóptero que había ingresado en dos oportunidades y a baja altura sobre el área de “Baño del Cóndor”.
En ese contexto, se logró identificar a la aeronave involucrada por su matrícula y se visualizó el logo de la firma Dracma, pero desde la empresa indicaron que el aparato ya no les pertenecía.
La conducta observada se encuentra prevista como infracción en el Código Aeronáutico. No obstante, el Ministerio Público Fiscal consideró que el caso reunía las condiciones para una resolución adecuada mediante la aplicación de medidas alternativas al proceso penal.
Por eso, se entablaron conversaciones con la defensa del piloto y con representantes de APN, y se acordó la aplicación de la reparación integral del perjuicio, mediante el pago de una suma equivalente a $ 9 millones.
Para brindar una respuesta más eficaz y orientada a la recomposición concreta del daño, el MPF descartó el pago directo de dinero y consultó a la autoridad del parque sobre sus necesidades operativas. Así se dispuso la entrega de 30 pares de zapatillas de trabajo y calzado de seguridad de alta calidad, para ser distribuidos entre los guardaparques para el desarrollo de sus tareas cotidianas.
Al respecto, Natalia Noemí Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de APN, dijo a La Voz que las entregas se hicieron el 25 de febrero. Y afirmó que la medida "en términos ambientales es un logro importante. El mecanismo de solución alternativa a los conflictos funciona, y Córdoba es pionera en eso".
Y agregó que la medida beneficia a las partes. Además –indicó–, los daños ambientales son muy difíciles y hasta imposibles repararlos.
"En este caso, fue un gran trabajo de las fiscalías alternativas y de la APN, para poner fin y entender que este es el camino para solucionar este tipo de cuestiones", subrayó.
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El impacto de los sobrevuelos
De acuerdo con los profesionales del parque, la protección del cóndor andino resulta prioritaria y particular en la zona del “Baño del Cóndor”, donde se concentra diariamente un número significativo de ejemplares de distintas edades.
Además, en la provincia de Córdoba, la especie se encuentra en estado de conservación vulnerable, con una población relativamente aislada y afectada por la pérdida de hábitat y la persecución.
El disturbio provocado por sobrevuelos a baja altura en sitios utilizados por los cóndores puede generar un estrés significativo, inducir el abandono de áreas de descanso y alterar patrones de conducta, así como procesos fisiológicos que impactan negativamente en su salud. A ello se suma el riesgo de colisiones con aeronaves, que puede derivar en mortalidad directa.
Cualquier afectación resulta especialmente grave si se considera la baja tasa reproductiva de la especie, que tiene una cría cada dos años y alcanza la madurez reproductiva recién después de los seis años. Por ese motivo, las autoridades del parque destacaron la necesidad de reducir al mínimo cualquier amenaza que comprometa la supervivencia del cóndor andino y la conservación de la especie en la región.
