Ahora las provincias deben ratificar la Ley de Glaciares

Buenos Aires. El Gobierno dio un paso hacia la reglamentación de la Ley de Glaciares al firmar ayer la presidenta Cristina Fernández un decreto que aprueba el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar. Si bien se anunció oficialmente que la norma había sido reglamentada, una situación reclamada por ambientalistas y dirigentes de la oposición, fuentes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable explicaron que "cada provincia deberá ratificar a su vez la ley para su entrada en vigencia".La cartera ambiental, en tanto, firmó con el Conicet un convenio marco de trabajo conjunto y otro en el que se explicita el cronograma del inventario sobre áreas glaciares y periglaciares que exige la ley, sancionada el 30 de septiembre por el Senado y promulgada un mes después por la Presidenta.El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente, Juan José Mussi, en una conferencia de prensa que ofrecieron ayer en la Casa Rosada.Fernández explicó que la "tarea específica del inventario de los presupuestos mínimos de glaciares y periglaciares lo va a llevar a cabo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla)", tal como fija la norma. El cronograma, expresó el funcionario, permitirá "tener al año algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cincos años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Peri-Glaciares".El jefe de Gabinete explicó que "cada provincia, según el artículo 124 de la Constitución Nacional, tiene potestad sobre sus recursos naturales", por lo que la aplicación efectiva de la norma puede dilatarse por un tiempo indefinido, tal como ocurre en la actualidad a partir de sendas presentaciones judiciales realizadas por empresas mineras y gobiernos locales contra la ley.Fernández hizo alusión al trabajo conjunto que la Nación y las provincias deberán hacer en apoyo de los estudios que realizará el Ianigla, cuya sede está en Mendoza.Por su parte, el funcionario aseguró que "no están vencidos los plazos para comenzar el inventario, según dictamina la ley" y sostuvo que el texto de la misma " per se posee tanta casuística que no requiere de una reglamentación específica para su aplicación", tal como reclaman agrupaciones ambientalistas y dirigentes políticos opositores al gobierno nacional.