Aborto tiene minoría en diputados cordobeses

Buenos Aires. La Cámara de Diputados comenzará a desandar hoy un debate histórico: la despenalización del aborto. Por primera vez en la vida parlamentaria argentina, la Comisión de Legislación Penal de este cuerpo, que emite dictámenes sobre todas las modificaciones que se le realizan al Código Penal, abordará la problemática. En años anteriores sólo la Comisión de Familia había tratado la iniciativa. Convocada por el presidente de Legislación Penal, el cordobés Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), disertará hoy ante los diputados de la comisión la activista feminista Marianne Mollmann, una danesa que elaboró un informe sobre el tema para la prestigiosa ONG internacional Human Rights Watch (HRW).El informe indica que 450 mil argentinas acuden por año a la práctica del aborto ilegal y que cerca de 75 mil terminan internadas por las pésimas condiciones sanitarias de las intervenciones. Una argentina fallece cada dos días como consecuencia de abortos clandestinos, y la Argentina es el país americano con más alta tasa de mortalidad materna por esta causa. "Como presidente de la comisión tengo el deber político y ético de abrir el debate sobre un tema que se ha venido escondiendo debajo de la alfombra por motivos religiosos y culturales. El informe de HRW habla de un horror para el que hay que buscar un respuesta", dijo Vega a este diario y aclaró que no tiene una posición tomada sobre los proyectos. Lo que se debate. En Diputados hay un proyecto impulsado por un sector del kirchnerismo y por todos los bloques "progresistas" (socialismo, Nuevo Encuentro, GEN y Proyecto Sur) que tiene más de 50 firmas de legisladores. Esta iniciativa consagra "el derecho de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional", a la vez que postula que "toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud". Además, prevé el aborto superadas las 12 semanas "en los casos de violación, si estuviera en riesgo la vida de la mujer y si existieran malformaciones fetales graves". Obliga a las obras sociales a costear las intervenciones, establece una "cláusula de conciencia" para médicos y enfermeros y aclara que no es necesaria la autorización judicial. El proyecto fue firmado por tres diputadas cordobesas: Cecilia Merchán (Libres del Sur), Silvia Storni (UCR) y Carmen Nebreda (kirchnerista). Las tres coincidieron, en diálogo con este diario, que es el momento de dar un debate y "desafiar la hipocresía de parte de la sociedad". Pese a que para los activistas hoy es un día clave, nada indica que el Congreso pueda sancionar pronto la ley. Las audiencias públicas que harán las comisiones de Legislación Penal; Acción Social y Salud, y Familia, Niñez y Adolescencia demandarán los primeros meses de 2011. Dirigentes de las 250 organizaciones que militan por el tema creen que ya son más los diputados que integran las comisiones que dictaminarán a favor, por lo cual esperan que el tema se vote el año próximo. Pero otras voces, como la del juecista Ernesto Martínez, entienden que dado que es un año electoral y que el tema divide fuertemente a la sociedad, 2011 no será un momento oportuno. Este legislador, como Vega, no quiso adelantar su opinión al respecto, pero aclaró: "Una activista europea no me indicará qué pensar".