Discapacidad. "Desde el 2001 no estamos tan mal": la situación crítica que vive el Cottolengo Don Orione en Córdoba

El Cottolengo Don Orione, una de las principales instituciones que atiende a las personas con discapacidad en Córdoba, enfrenta una de las crisis más graves de su historia. La falta de pagos del Gobierno nacional, principalmente del programa Incluir Salud, provoca dificultades para afrontar obligaciones salariales y el pago a proveedores.

"Desde el 2001 no estamos tan mal como hasta ahora", dijo con cierta resignación el sacerdote Omar Cadenini, referente de la obra ubicada en barrio Santa Isabel en diálogo con La Voz.

Desde noviembre pasado, el Cottolengo no recibe en tiempo y forma los pagos correspondientes a prestaciones brindadas a través de organismos como Incluir Salud y Pami.

Durante meses, la institución sostuvo su funcionamiento con recursos propios, hasta que esa capacidad se agotó. En paralelo, los aranceles que fija el Estado -es decir, el mismo que contrata y regula- se actualizan tarde y por debajo de la inflación, lo que genera un desfasaje estructural que vuelve inviable cualquier planificación, explican.

Esta situación que vive la institución en la ciudad de Córdoba se replica en las demás sedes del país. En el establecimiento de la avenida Armada Argentina, el Cottolengo tiene 115 residentes. A nivel nacional, la cifra asciende a 1.200, y si se suman las obras vinculadas en Uruguay y Paraguay, el número se acerca a los 1.500. Todos dependen de un sistema que hoy no garantiza su financiamiento.

La ley 24.901 establece que las instituciones prestan el servicio, luego lo facturan a las obras sociales -en su mayoría programas estatales como Incluir Salud- y esperan el pago. Pero ese circuito se quebró. "El último pago que recibimos fue en noviembre (de 2025)", agregó Cadenini.

Desde la institución solicitan la regularización inmediata de los pagos pendientes, la garantía de continuidad en las prestaciones y sus actualizaciones correspondientes y el cumplimiento efectivo del sistema de financiamiento.

El Cottolengo abrió sus puertas en 1957 y desde ese momento es un hogar permanente para personas con discapacidad de extrema vulnerabilidad, muchas de ellas sin familias ni recursos. Allí se les ofrece una atención integral con vivienda, salud y un cuidado amoroso. Además acuden otras personas que realizan actividades en el centro de día.

"La crisis la estamos bancando entre todos, somos una gran familia", reflexionó Cadenini. La estrategia de supervivencia incluyó suspensión de tareas de mantenimiento, la reducción de servicios y el nivel mínimo de personal esencial. Entre otras medidas, no se repusieron los puestos vacantes de los trabajadores que se jubilaron y se prescindió de las tareas de una empresa de seguridad.

El esfuerzo económico incluyó afrontar gastos esenciales como salarios, cargas sociales, medicamentos, alimentos y servicios básicos. Incluso la institución tuvo que solicitar préstamos a terceros además de los recursos propios. "No tenemos más capacidad. Necesitamos una solución urgente", expresó el sacerdote.

Además en el Cottolengo trabajan un centenar de personas. El equipo de profesionales incluye kinesiólogos, fonaudiólogos, terapistas ocupacionales y psicólogos. También trabajan enfermeros, cocineros y personal de maestranza. La mayoría de las empleados son mujeres y la mitad son sostén de familia. "Nuestro recurso humano es lo más importante que tenemos", dijo Cadenini.

Para que un paciente pueda obtener la admisión al hogar, éste debe presentar una discapacidad mental o intelectual, y es su familia la que solicita el ingreso, que bien puede ser justificado por falta de recursos económicos o por problemas de contención social.

Pero también hay un otro porcentaje de las personas que viven en el instituto que no tienen familia y quedaron solos. En ese caso el Cottolengo es su responsable legal.

La gravedad del contexto no solo impacta en el funcionamiento cotidiano, sino que también pone en riesgo la calidad de vida, la salud y la dignidad de las personas con discapacidad que dependen de este espacio. A su vez, la falta de recursos impide la incorporación de nuevos residentes por no poder asegurar la atención integral y la ausencia de autorizaciones de financiamiento.

Tanto los residentes como los que asisten por el día pueden realizar diferentes talleres, tales como manualidades, educación física y huerta, entre otros.

"Además de no pagar, el Ministerio de Salud de la Nación no habla. No recibe a nuestros referentes ni te dan una perspectiva a futuro", explicó Cadenini.

Esta misma incertidumbre también se vive en Establecimiento Privado de Asistencia y Rehabilitación Villa Bustos de Santa María de Punilla en el que viven 130 personas.

El hogar, dependiente de la Fundación Doctor César Serrano afronta un panorama similar. Si bien han recibido el pago de Pami, no ocurrió lo mismo con Incluir Salud. "Te ponen trabas constantemente lo que dificulta mucho llevar adelante una institución de semejante envergadura", sostuvo la gerenta Carmen Serrano.

"No se puede seguir viviendo en esta tensión permanente. El año pasado tuvimos cuatro meses en rojo. La rentabilidad se perdió hace varios años"; concluyó.