Un conflicto de poderes
Los encontronazos del Poder Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia parecen llevarnos a un innecesario conflicto de poderes, en el que el kirchnerismo actúa otra vez con soberbia y prepotencia.
Lo último que le podía pasar al país en materia institucional es un conflicto de poderes como el que se ha planteado entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que si bien no ha llegado a los límites de un choque abierto, crea tensiones que afectan el funcionamiento normal del Estado. Hay líneas tendidas, tanto en la Corte como en el Congreso, para que sea éste el que zanje la cuestión. No se descarta una intervención federal –plena o acotada– con el objeto de hacer cumplir la orden judicial de reponer en su cargo a Eduardo Sosa, ex procurador de la provincia de Santa Cruz, quien fuera dejado cesante en 1995 por el entonces gobernador Néstor Kirchner.El actual Gobierno santacruceño desacató la orden de la Corte Suprema, en una abierta actitud de rebeldía institucional. Pero lo más grave no fue la actitud del gobernador Daniel Peralta, sino la del Gobierno nacional, que dio pleno apoyo al mandatario e, incluso, alienta la realización de un acto político para contrarrestar lo que llama "la intervención de la provincia".Hay, pues, un conflicto entre dos poderes del Estado nacional –el Ejecutivo y el Judicial–, aunque, como queda dicho, quizá sea el Congreso el que tenga la última palabra. Pero lo que la ciudadanía se pregunta es por qué se dejó llevar las cosas tan lejos. Y se pregunta también si el asunto en cuestión era tan importante como para provocar el estallido de semejante crisis.De todos modos, desde el punto de vista jurídico y constitucional, las decisiones de la Corte están para ser acatadas. Pueden ser recurridas ante la propia Corte o por vía parlamentaria, pero no pueden ser desobedecidas, en un país con una organización republicana y federal.El Gobierno de Santa Cruz ha incurrido en un verdadero alzamiento que trastoca el principio de autoridad y esa norma fundamental que es la división de poderes. Y lo ha hecho con el consentimiento y el apoyo del Gobierno nacional.La situación resulta inaceptable y hay dos alternativas posibles: que el Gobierno santacruceño dé marcha atrás y acate el fallo o que la cuestión sea dirimida por el Congreso Nacional.Pero hay otras cuestiones en danza, como la decisión de la Corte Suprema de autorizar la extradición del terrorista chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra, por supuesto coautor del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, o sea, cuando en Chile ya imperaba la democracia, bajo la presidencia del democristiano Patricio Aylwin.Guzmán fue el fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI), partido de centroderecha que forma parte de la actual coalición de gobierno y que es el que cuenta con mayor representación en la Cámara de Diputados trasandina. Por ello, las demoras del Gobierno argentino en conceder la extradición del terrorista pueden enturbiar las relaciones entre ambos países.
