La primera grieta

El segundo procesamiento en dos días, dictado el miércoles último por el juez Norberto Oyarbide en contra de Héctor Capaccioli, ex recaudador de fondos en las campañas presidenciales de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández y ex superintendente nacional de Servicios de Salud, sugiere múltiples lecturas. Quizá la más inexplicable sea la segunda eximición de prisión contra el controvertido ex funcionario. Según prestigiosos especialistas en los derechos Procesal y Penal, la asociación ilícita es uno de los delitos más severamente castigados por la Justicia, por cuya razón debió disponerse la prisión preventiva del imputado. Esa observación no se inspira en una compulsiva cacería del hombre, sino en ciertos antecedentes del magistrado. Fue Oyarbide quien sobreseyó en forma instantánea a la actual Presidenta y a su esposo en la causa abierta sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de ambos. La sorprendente decisión, basada sobre un informe del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema, no resiste el menor análisis objetivo. Porque la riqueza de los Kirchner había crecido 158 por ciento en un solo año. Y no en un año cualquiera, sino en el de mayor recesión de la economía mundial desde la crisis de Wall Street de 1929. Además de asociación ilícita, se acusa a Capaccioli de malversación de fondos públicos por 48 millones de pesos, defraudación a la administración, negociaciones incompatibles con su función y encubrimiento, delitos que, en todos los casos, habría perpetrado al servicio de la "mafia de los medicamentos". En esta causa, también fue procesado el gremialista duhaldista Gerónimo Venegas, de los trabajadores rurales.La existencia de aquel grupo, dedicado al tráfico de remedios adulterados, vencidos o robados, en perjuicio del sistema público de salud, fue forzosamente reconocida por altos exponentes del kirchnerismo, tras negarla en forma enfática y haber expulsado del gabinete a la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, la primera en denunciarla. Ahora comienza a descubrirse que participan del más perverso entramado de la historia política funcionarios nacionales, dirigentes sindicales afines al modelo, narcotraficantes, vendedores en gran escala de medicamentos "truchos" y efedrina (precursora de drogas de diseño), todos involucrados en ese gigantesco negocio sucio.La reacción del Gobierno es negar todo y no explicar nada. Resultan tan inexplicables los aportes de miembros de esa mafia para la campaña de Cristina Fernández como la intangibilidad del titular de la CGT, Hugo Moyano, principal beneficiario de la generosidad de Capaccioli, en cuyo gremio se han producido dos asesinatos jamás esclarecidos: el de Abel Beroiz, en 2007, y el de Carlos Martín, en 2009. Beroiz era el tesorero de la Federación de Trabajadores Camioneros y Martín era opositor en Mendoza al hombre fuerte del gremialismo oficialista.