Final de un acoso

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dio políticamente por cerrado el caso que aún afecta judicialmente a los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera. Durante 15 años, estos fueron sometidos a una tenaz, persistente e inhumana persecución judicial y política, que incluyó todo tipo de atropellos por parte de funcionarios de la Justicia. Los hermanos Noble Herrera se sometieron a tres pruebas de ADN, una de ellas de manera voluntaria y las otras dos en forma compulsiva, cuyos resultados fueron cotejados con el banco de datos de personas desaparecidas, y en todos los casos el resultado fue negativo. Pese a ello, la jueza que entiende en la causa sigue dilatando el cierre definitivo del caso, lo que a todas luces constituye una irregularidad.La denuncia formulada por organismos de defensa de derechos humanos estaba dirigida contra Ernestina Herrera de Noble, directora del diario Clarín , quien llegó a ser acusada de apropiación ilegítima de hijos de desaparecidos durante el último régimen militar.Se trataba, en realidad, de una interesada campaña política contra el Grupo Clarín, considerado acérrimo enemigo del gobierno kirchnerista, como quedó demostrado en el reciente acto frente a la Casa Rosada convocado por la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.Pero lo realmente grave fue esa suerte de "activismo judicial", en el que algunos fiscales y jueces actuaron como si fueran militantes kirchneristas y no hombres de la Justicia, que en estos casos deben actuar con prudencia y moderación. Porque –más allá del estado de sospecha que subsiste mientras se da curso a una denuncia ante la Justicia–, no se puede herir el honor de las personas y someterlas a un acoso infame.Más aún porque los hermanos Noble Herrera eran inocentes, aun en la hipótesis de que hubieran sido hijos de personas desaparecidas. Incluso la adopción, en esta hipótesis, no hubiera sido un delito, salvo que se demostrara que la señora Herrera de Noble se hubiera apropiado de ellos de modo ilegítimo o que hubiera negociado o pagado su entrega con la última dictadura militar.Por ello, la Justicia no debería demorar más tiempo en cerrar el caso. Las palabras de Estela de Carlotto son significativas en el plano político, aunque ya nadie puede reparar el enorme daño moral causado a dos jóvenes que en cualquier caso, vale reiterarlo, eran inocentes.En cuanto a Hebe de Bonafini, debería aclarar su propia responsabilidad y la de su hija en la estafa colosal que al parecer fue impulsada por los hermanos Schoklender, apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo –que ella preside– antes que seguir lanzando imputaciones infundadas. La causa de la defensa de los derechos humanos, que es de todos los argentinos, merece otra prédica, otra estatura moral y una conducta acorde con los principios enunciados.