Claroscuros en una década

Junto con la celebración de la fecha patria, se cumple hoy una década de gestión kirchnerista, la que se inició cuando Argentina comenzaba a salir de una de sus más graves crisis económica y social. El oficialismo la proclama como “la década ganada”; la realidad muestra fuertes claroscuros. Hubo avances, pero a estos se contraponen gran cantidad de asignaturas pendientes, así como una visible tendencia a la concentración de poder y a no respetar las instituciones y los nuevos derechos humanos.

En este último terreno, el de los derechos humanos, se acumularon algunos de los mayores méritos, con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aunque el relato oficial negó logros anteriores igualmente valiosos, como el histórico juicio contra las Juntas Militares, en la década de 1980. La reapertura de las causas contra represores tiene como contrapartida la falta de voluntad de juzgar a las cúpulas guerrilleras por crímenes injustificables, como los cometidos contra Pedro Aramburu y José Rucci.

La expansión económica se logró con superávits gemelos en materia fiscal y comercial, pero estos cayeron al mínimo o se revirtieron en una segunda etapa. Las cuentas públicas muestran hoy un peligroso rojo y la economía de provincias y municipios es cada vez más dependiente de fondos nacionales distribuidos de modo discriminatorio, en una verdadera ofensa al federalismo.

Es cierto que Argentina duplicó en 10 años su economía, volvió a abrir fábricas que se habían cerrado y redujo el desempleo a partir del “viento de cola” externo, pero las cifras oficiales que muestran una realidad idílica son fruto de una burda distorsión estadística.

El ocultamiento de la realidad llegó al extremo de negar el alza de precios. Porque la emisión monetaria para sostener el consumo provocó un hecho inédito en la economía global: la inflación trepó hasta colocarnos segundos entre los países con mayor incremento en el costo de vida.

Otras cuestiones centrales merecen también un análisis sincero, alejado del fervor de las tribunas copadas por militantes y funcionarios que, en muchos casos, mejoraron notablemente su patrimonio a la sombra del Estado.

La saludable renovación de la Corte Suprema, con miembros reconocidos por sus antecedentes y capacidades jurídicas, contrasta con la última reforma que, con el barniz de “democratizar la Justicia”, sólo pretende disciplinar a magistrados y fiscales en momentos en que la corrupción parece oscurecer los méritos de los protagonistas de “la década ganada”.

Por último, el ataque sistemático a la prensa independiente y el montaje de un aparato estatal y paraestatal de difusión son una mancha sobre los modernos derechos humanos de transparencia y de difusión de ideas sin condicionamientos ni represalias. Esto alcanza también al acceso a la Justicia y a la necesaria protección contra la inseguridad.

El festejo debiera dar paso al compromiso de asumir las asignaturas pendientes, corregir los errores cometidos y, fundamentalmente, recuperar el diálogo como herramienta de construcción democrática. Esa sería una auténtica fiesta en la que participaría todo el país.