La excusa, los jubilados; la meta, violentar el federalismo

La Provincia de Córdoba dejó de percibir durante 2011 unos cuatro mil millones de pesos por derivaciones de impuestos coparticipables a favor del sistema previsional nacional. ¿Cuánto de esos fondos volvieron como haberes previsionales a Córdoba? Apenas unos $ 1.500 millones (ver infografía).

Esto incluye las transferencias nacionales a favor de la Caja provincial más la parte de las jubilaciones que la Anses paga en Córdoba que se financia con impuestos (es decir, la diferencia entre las erogaciones para pagar los haberes a los 447 mil jubilados nacionales cordobeses y los aportes y contribuciones que generan los trabajadores activos que trabajan en Córdoba).

De esta forma, la provincia aporta al sistema previsional nacional 2.500 millones más que lo que cobran sus jubilados y pensionados. Esta discriminación se explica por el persistente proceso de asignación de recursos impositivos a favor del sistema previsional nacional. A lo largo del tiempo, se derivaron a la Anses parte de la recaudación del IVA, el 15 por ciento de la coparticipación bruta, parte de los impuestos a las Ganancias, Internos y Combustibles y parte del Monotributo.

El caso más paradigmático se dio con la asignación del 15 por ciento de la coparticipación.

La medida fue adoptada como un esfuerzo solidario para cubrir el desfinanciamiento que generó a la Anses la derivación de los aportes personales al régimen de capitalización. Pero, cuando en 2008 este se eliminó, no fueron devueltos a las provincias y se mantuvo la derivación. Lo más cuestionable es que la Anses no utiliza estos recursos para mejorar las jubilaciones. Así lo prueban los magros haberes que paga. Los usa para cubrir los desequilibrios del Tesoro nacional. Para Córdoba esto significa una quita de 2.500 millones de la coparticipación con gran impacto sobre sus finanzas. Si la Provincia hubiera contado con esos recursos, se podría haber construido íntegramente la autovía Córdoba Río Cuarto y la mayor parte de la que vincula Córdoba con San Francisco. Invocar las necesidades de los jubilados es un argumento muy convincente para captar fondos (fue utilizado al justificar la apropiación de fondos que constitucionalmente pertenecen a las provincias). Esto resulta doblemente censurable: porque se perpetúa la violación de los derechos de muchos jubilados y porque lleva a la sistemática postergación de políticas públicas de importancia para el desarrollo regional.