¿Cuántos accidentes hacen falta para reaccionar?

Las motos son un buen medio de transporte debido a la accesibilidad de su precio, bajo consumo, agilidad y menor contaminación que los automóviles. Sin embargo, ante la ausencia del Estado en el control vehicular, en Córdoba se han convertido en un factor generador de enormes costos sociales. Sólo en el Hospital de Urgencia se registran más de 10 mil accidentes por año, o sea que generan más de un lesionado por hora. La tasa de accidentes es mayor, si se considera que hay accidentes sin lesionados. Una tasa mucho mayor a las de accidentes de autos, laborales, deportivos, del hogar y delitos violentos. Las consecuencias negativas son grandes y variadas. Las más visibles e impactantes son los daños sobre los motociclistas. Sin embargo, también quien conduce el otro transporte sufre daños materiales y psicológicos importantes. En paralelo cada accidente obliga a usar fondos públicos para afrontar el traslado y atención médica de urgencia, el operativo policial en la zona del accidente, el traslado y guarda de los colisionados y, frecuentemente, la movilización del Poder Judicial para dirimir los juicios por accidentes. También subyace en este fenómeno "beneficios privados". Por lejos, los más importantes son los honorarios profesionales asociados a la litigiosidad espuria. Como los accidentes en general afectan a jóvenes humildes, se generalizó cierta actitud proteccionista por parte de la justicia a favor de la parte más débil –el conductor de la moto–, sin considerar los orígenes y la mecánica del siniestro, lo que favorece la aparición de una fuerte actividad judicial. El esquema es muy perverso, pero reversible. La clave es que el Estado intervenga de manera inteligente. Un paso importante sería obligar a que todas las motos cuenten con un seguro de cobertura total. Esto es clave para brindarle cobertura al accidentado y evitar que, ante la situación de desamparo, la justicia se sienta sensibilizada a actuar a favor de su protección más allá de los hechos objetivos del siniestro.

El otro aspecto central es mejorar la infraestructura vial, educar a los conductores y establecer un sistema de controles efectivos. No parece posible que esto se logre hasta que se reorganice la burocracia municipal. Por eso sería recomendable explorar alternativas en las que actores interesados en reducir la siniestralidad (como las compañías de seguro) aporten logística y recursos para que, junto con la intervención policial, se establezca un control eficaz. Con un poco de sentido común y audacia se podrían implementar reglas que bajen drásticamente la cantidad de siniestros.