¿Quién cuida nuestra salud?

La aprobación esta semana de la ley que regula a las empresas de medicina prepaga deja en segundo plano una cuestión que hace a la eficiencia y eficacia: la gran fragmentación y dispersión del sistema de salud en Argentina. Partamos del hecho de que el Estado es el responsable de garantizar el acceso de toda la población a ese servicio esencial. Esto no quiere decir que lo tenga que prestar el sector público por sí mismo, sino que lo puede hacer a través de prestadores o intermediarios privados. Pero en Argentina no todos son iguales: dependiendo del lugar donde cada uno viva, de su situación social y de su estado laboral, es la calidad de la prestación que obtendrá. El mapa de la cobertura de salud incluye: obras sociales sindicales para los trabajadores privados registrados; obras sociales de dirección para jerárquicos; obras sociales provinciales para estatales; el Pami para jubilados; mutuales y cooperativas; empresas de medicina prepaga para quien puede pagar una cuota; entidades profesionales; y el sector público para quien que no tiene acceso a ninguno de los anteriores.Cada una de estas entidades está regulada o supervisada por entes distintos: algunos dependen de la Nación, otros de las provincias o municipios. También tienen diferentes reglas de juego.¿El resultado? Ineficiencias como, por ejemplo, doble cobertura para algunas familias y servicios insuficientes para otras. Además de una gran inequidad, porque no todos los argentinos tienen garantizado el acceso a un servicio similar. En este escenario se enmarca la aprobación de la regulación de las prepagas, una cuestión necesaria pero que no sólo no resuelve los problemas actuales sino que deja varios interrogantes. Por ejemplo, uno de los puntos más controvertidos es la obligación de aceptar afiliados con enfermedades preexistentes y sin períodos de carencia. Desde el sector, se argumenta que eso va a hacer que la gente sana sólo ingrese a una cobertura paga cuando esté enferma.Más allá de si esto será o no así en la realidad, lo cierto es que las personas en esa situación también tienen derecho a una cobertura y es imposible que una cuota, por más alta que sea, cubra el costo de esos tratamientos. Es necesaria una alternativa imaginativa (por ejemplo, un fondo similar al de las obras sociales), que en este caso no fue analizada por los legisladores. Como en otros temas importantes del país (sistema previsional, por caso) el análisis se centra en el árbol, pero no resuelve los problemas que sigue mostrando el bosque.