Nuevas leyes, mismos perdedores
Potenciales perjuicios para la Argentina por el nuevo programa de subsidios en el agro estadounidense.
Casi un año y medio después del vencimiento de la legislación anterior y tras encendidos debates entre demócratas y republicanos, el Congreso norteamericano aprobó la nueva Ley Agrícola (Farm Bill), que regulará los millonarios subsidios que recibirán los agricultores de ese país entre 2014 y 2018. La Agricultural Act of 2014 contará con un presupuesto de 488.600 millones de dólares para el total del próximo lustro. Los programas de subsidios para el agro estadounidense fueron introducidos en respuesta a los efectos causados por la Gran Depresión de los años 30. Aquel contexto de recesión económica llevó al Congreso a aprobar, bajo los lineamientos del "New Deal" de Franklin Roosevelt, el Acta Agrícola de 1933. Con ésta se crearon diversos mecanismos de apoyo a los agricultores, como programas de sostenimiento de los precios y pagos directos.Desde los inicios de la Farm Bill, cada cinco años el Legislativo norteamericano aprueba una nueva ley con la intención de actualizar los programas de ayudas al contexto vigente en ese momento.En el actual proceso de reforma, las posiciones estuvieron muy divididas, lo que dificultó enormemente su aprobación. Mientras la bancada republicana clamaba por recortes presupuestarios que contribuyeran a reducir el déficit federal, los demócratas, con el presidente Obama a la cabeza, intentaban resistir los embates que buscaban cortes profundos en los fondos de ciertos programas claves. La puja culminó con una reducción del déficit de sólo 16.500 millones de dólares para los siguientes 10 años.
Los cupones de alimentos
El capítulo que generó mayores fricciones fue el referido a la asistencia nutricional. Este contiene el programa de cupones alimentarios (hoy denominados Snap), que otorga subsidios para el consumo de alimentos a la población que se encuentra bajo la línea de pobreza.
A pesar de las pretensiones republicanas, con un recorte de 8.000 millones de dólares, los
food stamps
continuarán concentrando la mayor parte del presupuesto de la ley. Se proyectan gastos bajo este título de aproximadamente 75.600 millones de dólares anuales.
Surgidos en la década del 70, los
food stamps
fueron cobrando importancia, hasta representar cerca del 80 por ciento del presupuesto total de la ley. A partir de 2008, debido a la crisis económica, aumentó considerablemente el número de beneficiarios y con ellos el monto total destinado al programa. En 2013 más de 47 millones de estadounidenses recibieron en promedio 167 dólares mensuales.
Por lo tanto, a la presión del gran número de legisladores de zonas rurales y la influencia del denominado “lobby agrícola”, preocupados por los programas de subsidios a los cultivos, se le suma el componente “urbano”, referido a los programas de ayuda alimentaria interna.
De esta manera, la naturaleza “ómnibus” de la Farm Bill involucra programas relacionados con subsidios agrícolas, asistencia alimentaria, comercio agrícola, marketing, desarrollo rural, conservación de los recursos, energías renovables, e investigación, entre otras. Así, crea una amplia coalición de apoyo entre intereses a veces conflictivos en torno de ciertas políticas que, individualmente, podrían no sobrevivir al proceso legislativo.
Subsidios al productor
La ley mantiene la cuestionada estructura de subsidios a las
commodities
agrícolas y las ayudas otorgadas a los productores podrían ser, incluso, más dañinas para el comercio mundial.
Particularmente, se eliminarán gran parte de los programas actuales, como los pagos directos, los pagos contracíclicos, y el Acre; y se los reemplazará por nuevos programas que les permitirán al productor un mejor manejo de los riesgos inherentes a su actividad.
Estos cambios obedecen a dos objetivos puntuales. Por un lado, acallar las críticas de una opinión pública que se opone a que los agricultores reciban pagos por el mero hecho de serlo, sin exigirles producción a cambio.
Por el otro, terminar de dar forma a una fuerte red de seguridad que incentiva al agricultor a aumentar su producción, al cubrirlo de pérdidas en sus ingresos no sólo por las variaciones de los precios de mercado de sus productos, sino también por variaciones en los rendimientos de las cosechas.
En adelante, los productores podrán optar entre dos programas: el Agriculture Risk Coverage (ARC), que los protegerá siempre que su renta caiga por debajo de una renta promedio garantizada; y el Price Loss Coverage (PLC), que les asegurará un precio mínimo, activando pagos siempre que el precio de mercado del respectivo cultivo sea inferior a un precio de referencia establecido en la ley.
Estos últimos serán un 40 por ciento superiores a los precios meta de la Farm Bill 2008, lo que aumenta considerablemente la probabilidad de que el agricultor reciba el subsidio.
Ambos serán complementados con un fortalecimiento de los programas de seguros agrícolas, que contarán con un presupuesto estimado de 42 mil millones de dólares. Este punto marca un gran cambio respecto de la ley anterior.
Por primera vez, los desembolsos a través de estos programas duplicarán los montos concedidos bajo los programas de
commodities
. Con esta herramienta, el gobierno subsidia entre el 60 y 70 por ciento de la prima que debe pagar el agricultor al contratar seguros multirriesgo, que lo protejan de pérdidas causadas por el clima y enfermedades. Es el programa con mayor cobertura de productos y regiones, asegurando más del 80 por ciento de la producción norteamericana.
Consecuencias
Estas modificaciones deben llamar la atención de la Argentina y del resto de países exportadores de productos agrícolas. Estados Unidos reemplazará pagos directos desacoplados, que poseen menores efectos distorsivos sobre el comercio internacional, por ayudas vinculadas a los niveles de producción y precios corrientes, que influyen en las decisiones del productor incentivándolo a producir más.
En un escenario de caída de los precios internacionales o disminución de los rendimientos por eventos climáticos adversos, Estados Unidos podría incluso incumplir con los límites impuestos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) para el otorgamiento de subsidios distorsivos.
Reforma de la PAC
Unión Europea. En diciembre pasado, con el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento europeos, se aprobó la nueva política agrícola comunitaria, que estará en vigor entre 2014 y 2020 con un presupuesto de 408 mil millones de euros.
Servicios ambientales. El elemento más importante de la reforma es la introducción del denominado "pago verde". De ahora en más, el 30 por ciento de los subsidios directos al productor se abonará sólo si se observan en la granja una serie de prácticas favorables al clima y el medio ambiente: realizar al menos tres cultivos diferentes, mantener un área mínima de pastos permanentes y preservar áreas y características del paisaje de especial interés ecológico.
*Economista Jefe de la Fundación INAI
