A esta mesa se le mueven las patas

Si bien se esfuerza por mantenerse firme, como aquella unidad que se gestó en marzo de 2008 con el intento del Gobierno de poner en vigencia retenciones móviles a los granos, a la Mesa de Enlace ya se le hace difícil ocultar la inestabilidad de algunas de sus patas. Los ajustes que antes se hacían en privado, como instancia para superar las diferencias internas entre las cuatro entidades rurales que la conforman, parecen haber perdido espacio dentro de la cúpula ruralista. Hoy las divergencias se ponen al desnudo con declaraciones públicas y la percepción es que cada vez hay más cuestiones que las separan. Más allá de los movimientos que generan ruido en su estructura, como la reunión que mantuvieron directivos de la Sociedad Rural de Córdoba con el ex presidente Néstor Kirchner (y que le podría costar una sanción a la entidad adherida a Cartez), y el encuentro del ministro de Agricultura Julián Domínguez en Coninagro, la mesa tiene síntomas de inestabilidad más marcados. Federación Agraria Argentina (FAA) es la que se muestra más alejada del resto de sus pares. En los últimos días, reafirmó su posición respecto a los arrendamientos, retenciones, y al Programa Estratégico Agroalimentario (PEA) que impulsa el Gobierno, en marcada disidencia con, al menos, algunos de los integrantes de la Mesa. Arrendamientos rurales. La diferencia de criterios respecto de una reforma de la ley de alquileres es la última rispidez que incorporaron las entidades rurales. El respaldo de la FAA a su propio proyecto, basado en la protección de los pequeños productores, y las iniciativas de algunos diputados socialistas que quieren fijar precios de referencia y límites en la superficie a arrendar encontraron la oposición de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). La Rural manifestó que el valor de los alquileres lo debe regular el propio mercado. Si el objetivo es proteger a los pequeños y medianos productores, desde la entidad que dirige Hugo Biolcati se aclara que existen herramientas económicas y financieras de asistencia para protegerlos sin necesidad de destruir el mercado. Retenciones. La forma en que se segmentarían los derechos a las exportaciones, en el proyecto de modificación del impuesto que está en el Congreso, fue el comienzo de la división de aguas. A la FAA, no la dejó conforme el proyecto que impulsaron los diputados Ricardo Buryaile, ex vicepresidente de CRA, y el tucumano Juan Casañas, y esperan que el Congreso les realice las modificaciones en defensa de los pequeños y medianos productores. En el último Congreso Nacional de la entidad, Buzzi fue claro respecto de lo que espera de la Mesa de Enlace. Afirmó que si ese ámbito no incluye como prioridad para el tratamiento de los temas a los pequeños y medianos productores, la entidad federada abandonaría el bloque. Programa Estratégico Agroalimentario (PEA). El plan que impulsa el Gobierno es también foco de diferencias entre las entidades. Mientras Buzzi aseguró días atrás en Rosario que vale la pena discutir el PEA, porque hay muchos proyectos que están en línea con lo que hace tiempo reclama la FAA, las otras entidades aguardan que el Ministerio de Agricultura haga público alguno de sus lineamientos, para expresar en público su rechazo. La Sociedad Rural Argentina ya expresó su oposición al objetivo de la iniciativa, que es profundizar el actual modelo económico. Plan de coincidencias básicas. Fue anunciado en Córdoba a comienzos de septiembre por los cuatro presidentes de la Mesa de Enlace. La idea era definir, con una visión integradora, criterios de coincidencia de mediano y largo plazo para el sector. La iniciativa, que también estaba pensada para incluir a la industria, no avanzó mucho más que en las palabras de sus precursores. Hasta la semana pasada, técnicos de las entidades admitieron que aún no había avances. En su próxima reunión, Cartez analizaría una posible sanción para la Sociedad Rural de Córdoba, por su encuentro con Néstor Kirchner.