De punto con las cartas de porte
Hay quejas de productores a quienes la Afip objeta su situación fiscal.
–Usted recordará, compañero don Tecno, que hace unos días publicamos en estas páginas un informe técnico sobre las implicancias impositivas del traslado de granos.
–Lo tengo presente, camarada don Productivo, y lo que me quedó como síntesis es que, en los últimos años, el fisco ha establecido diferentes regímenes de información que deben ser cumplidos para obtener las cartas de porte en el tiempo y cantidad que se requieran.
–Pues bien, agárrese, porque no siempre quien hace bien los deberes sale airoso con el consabido trámite.
–Explíquese más, compañero...
–Me ha llegado el caso fresco de un productor que dice no conseguir una bendita carta de porte. En este caso particular, el hombre debía cuotas del Anses, las pagó con intereses. Hizo las declaraciones de granos y superficie sembrada.
–¿Entonces...?
–Cuando intentó sacarlas vía Internet, le responden que debe revisar su “situación fiscal”; la contadora controló y está al día. El chacarero del caso fue a la Afip y allí le dijeron que no tiene deuda alguna.
–¿Cómo siguió la novela?
–El caballero preguntó por qué no les dan cartas. Respuesta: “No sabemos”. No lo incorporaron al Registro de Operadores y, obvio, preguntó por qué. La respuesta: “Tu solicitud fue rechazada en 2013; la computadora no dice por qué”. A todo esto, el hombre creía que eran pocos con este problema. Pero en la sede de la Afip dice haberse encontrado con más casos de productores y contadores en la misma situación.
–¿Y qué otra cosa hizo nuestro amigo?
–Llevó fotocopias de todo lo que le pidieron para pedir cartas pero, al día de la fecha, todavía su nuevo expediente no salió de la primera oficina. Los empleados de la repartición oficial de dijeron: “No damos abasto”.
–Pareciera, entonces, que son varios en la misma situación.
–La conclusión del muchacho de la anécdota es que si paga todos los impuestos, algo reconocido por la misma Afip, hace las declaraciones, tendría el derecho de transportar la cosecha a un lugar seguro. Pero el Gobierno se lo impide. Las autoridades, hasta cierto punto, tienen el deber de controlar, pero no de obstaculizar con una maraña de reglamentaciones.

