Con la sequía brotaron las dudas

El productor cordobés tiene más dudas que certezas, y lo grave es que lo que sabe, no es bueno. Las noticias que recibe desde los lotes, donde se están cosechando las sojas y los maíces más tempranos, lo tienen preocupado. Rendimientos de 20 quintales en el cereal y ocho en la oleaginosa demostraron que la emergencia agropecuaria solicitada en su momento al Gobierno provincial estaba bien fundada. Las incertidumbres, sin embargo, han brotado por la demora de la Provincia y de la Nación en cumplir con la ley que fija los beneficios a los afectados por el fenómeno climático. ¿Pago o no pago? Finalmente, un total de 2.331 productores fueron incluidos en la declaración provincial de emergencia agropecuaria dispuesta en enero por el decreto 22/2012. Sobre un total de 4.515 declaraciones juradas presentadas en el Ministerio de Agricultura de la Provincia, el 52 por ciento accedió, entre otros beneficios, a la postergación del pago del impuesto Inmobiliario Rural.Si bien el Gobierno provincial había anunciado que, a partir del 19 de marzo, el productor podía consultar en la Dirección de Rentas si estaba alcanzado por el diferimiento impositivo, la demora de la Provincia en publicar el listado generó algunas suspicacias. Algunos dirigentes rurales sostienen que la Provincia especuló con la posibilidad de que, ante la duda de no estar amparado por la emergencia, el productor pagara el impuesto. El primer vencimiento del tributo para el pago de la cuota única fue el 13 de marzo y el último se produjo este miércoles. Más allá de cualquiera intencionalidad, lo que está claro es que la emergencia reducirá la contribución del campo al fisco provincial. Antes de que llegara la sequía, el Gobierno de la provincia pensaba recaudar del agro un 70 por ciento más que el año pasado. No firmar, por las dudas. Como si creyera que por las lluvias registradas entre febrero y lo que va de marzo, la sequía iba a ser parte del pasado, la Nación decidió archivar los decretos provinciales de emergencia agropecuaria que tiene para la firma, entre ellos el de Córdoba. De esa rúbrica depende que los productores afectados puedan diferir el pago de impuestos nacionales, postergar vencimientos bancarios y recibir ayuda económica. Esta semana, la reunión del Consejo Federal Agropecuario, órgano del que participan los representantes de todas las provincias y el Ministerio de Agricultura de la Nación, era un buen ámbito para que las jurisdicciones en emergencia reclamaran más celeridad en el cumplimento del trámite.Sin embargo, no se escuchó ninguna alusión al tema. Que el Gobierno nacional no quiera reconocer los efectos de la sequía no significa que la haya subestimado. En un escenario en el que las cuentas fiscales no abundan en fortaleza, sabe que por la menor cosecha de soja y de maíz tendrá menos ingresos. Por eso, busca dilatar, lo más posible, cualquier reconocimiento y el cumplimiento con la ley.