Un costo de $ 4.300 millones

Los defensores del proyecto sobre retenciones que avanza en la Cámara de Diputados sostienen que aporta un equilibrio entre la demanda del sector para reducir el impacto del impuesto y la necesidad de no desfinanciar al Estado.

Según cálculos realizados por representantes de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, el costo fiscal de modificar las retenciones rondaría los 4.300 millones de pesos anuales. El presidente de la comisión, Ricardo Buryaile, consideró que ese bache se compensará con un mayor dinamismo de la actividad económica que generarán los mayores recursos disponibles por el campo.

Aseguró que si bien la baja en los derechos de exportación representa el uno por ciento del presupuesto, la pérdida quedará neutralizada con mayor actividad económica. Estiman que va a repercutir en forma favorable en la producción de la industria de maquinaria agrícola, en el uso de fertilizantes, en mayor mano de obra ocupada.

Sus precursores aseguran que la iniciativa es una medida que tiende a saldar una deuda del sistema impositivo con el federalismo. Remarcan que el impacto que tienen las retenciones es menos dinero disponible en las economías locales de los pueblos y ciudades del interior.

El proyecto, creado en sus orígenes por los diputados Buryaile (Formosa) y Juan Casañas (Tucumán), fija que los productores que sean sujetos pasivos del Impuesto a las Ganancias podrán computar como pago a cuenta (incluyendo también sus anticipos) un porcentaje sobre los importes brutos de venta de su producción de soja acumulado durante el ejercicio fiscal, de acuerdo con lo consignado en las liquidaciones de venta sin considerar el IVA.

Las pequeñas empresas agropecuarias, con ventas hasta tres millones de pesos, dispondrán una alícuota computable del seis por ciento como pago a cuenta de Ganancias. Mientras que los establecimientos medianos (con ventas entre tres y 18,24 millones de pesos) podrán computar hasta cuatro por ciento de esas ventas como pago a cuenta del tributo.