Impacto. El Estado se queda con 82,6% de lo que genera una hectárea de soja en un campo alquilado
Los números fueron elaborados por el productor y consultor cordobés Néstor Roulet. Más de U$S 524 por hectárea se destinan al pago de impuestos.
Un informe realizado por el productor cordobés Néstor Roulet analiza cómo se distribuye la renta de una hectárea de soja en un campo alquilado y concluye que U$S 524,17, es decir, el 82,6% queda en manos del Estado, a través de tributos nacionales, provinciales y municipales.
El cálculo está hecho sobre un campo arrendado a 12 quintales por hectárea en la zona núcleo argentina. El ingreso bruto estimado por hectárea es de U$S 1.305,50.
Una vez descontados los costos directos (U$S 347,51) y los indirectos (U$S 323), la renta generada asciende a U$S 634,99.
Es sobre ese monto donde el trabajo pone el foco. Según el detalle, los impuestos nacionales absorben U$S 463,55 por hectárea, equivalentes al 73% de la renta. A eso se suman U$S 60,62 correspondientes a tributos provinciales y municipales, lo que eleva la participación estatal total a U$S 524,17, es decir, el 82,6%.
El propietario del campo, cuyo alquiler bruto es de U$S 396 por hectárea, termina participando con U$S 151,37 (23,8% de la renta), luego de afrontar sus propios impuestos, entre ellos ganancias, débito y crédito bancario, Ingresos Brutos, sellado de contrato, inmobiliario rural y tasas municipales.
En tanto, el productor que alquila el campo registra un resultado negativo de U$S 40,55 por hectárea, lo que implica una pérdida equivalente al 6,4% de la renta generada.
El informe aclara además que no se contempla dentro de los costos el efecto acumulativo de Ingresos Brutos aplicado a insumos y labores, que en provincias como Córdoba puede tener una incidencia significativa.
Bajo el título “El que reparte se queda con la mejor parte”, el trabajo sostiene que la actual estructura tributaria condiciona fuertemente al productor arrendatario, dejando fuera del juego a todo aquel que no tenga tierras.
