Vuelven a postergar los alegatos del crimen del hincha
Un problema personal del fiscal de Cámara hizo que se postergue la audiencia hasta el jueves próximo.
Una vez más se suspendió la audiencia de alegatos por el crimen del hincha de Talleres Jorge Martín Castro (19) que murió en las afueras del estadio Kempes el 16 de abril de 2005, alcanzado por disparos de la Policía.
Ya la semana pasada se había postergado esta jornada de conclusiones y se había pasado para hoy, pero a último momento se comunicó que un problema familiar del fiscal de Cámara Marcelo Novillo Corvalán motivó la nueva suspensión. Ahora, se anunció la realización de esa audiencia para el jueves próximo.
La acusación es por homicidio culposo calificado (por espectáculo deportivo y por arma de fuego) y lesiones en contra del cabo primero Gabriel Alejandro Vivas (39), mientras que el comisario mayor Juan Carlos Brito (54) está imputado de vejaciones en perjuicio de uno de los heridos.
Hoy volvió a exhibirse un breve informe periodístico a cargo del entonces cronista Jorge "Petete" Martínez sobre la cobertura de los incidentes tras el clásico que disputaron Belgrano y Talleres en el entonces Estadio Córdoba. Luego de esta proyección, antes de comenzar los esperados alegatos, se anunció la suspensión.
El juicio se sigue en la Cámara 1ª del Crimen por la muerte de Castro y por las heridas a Sergio Luis Kowalesky, Marcelo Castillo y Lucas Castillo (hijo del anterior). Vivas sería el autor de un disparo con un cartucho con balas de plomo, llamado en la jerga como "propósito general" (PG). Esos perdigones habrían sido los que mataron a Castro e hirieron a los otros tres hinchas tallarines.
Por otra parte, el comisario mayor Brito está vinculado en el presunto maltrato a Marcelo Castillo quien estaba gravemente herido en el piso y supuestamente habría sido arrastrado de los pelos por el oficial.
El juicio tiene algunas aristas especiales, ya que hay numerosas partes, entre el fiscal acusador, los querellantes por las víctimas, los defensores de los acusados y la Provincia -responsable de la Policía-, que debe responder a la demanda de los actores civiles.
