Trece imputados por trata de personas

El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano imputó con severas calificaciones a 16 personas acusadas de integrar una supuesta organización que lucraba con el trabajo sexual de mujeres y adolescentes, entre los que había un menor de edad.

La resolución judicial es una derivación de los operativos realizados entre el 20 y el 21 de mayo en ocho departamentos del centro y Nueva Córdoba en los que alrededor de 80 mujeres ejercían la prostitución.

La calificación más grave es contra Sergio Claudio Borile (53), como presunto jefe de la organización. El hombre, domiciliado en Villa Carlos Paz, fue imputado por los delitos de "trata de persona agravado (82 hechos) en concurso real con el delito de explotación económica de la prostitución, trata de persona menor de edad agravado (un hecho), tenencia ilegítima de arma de fuego y abuso sexual con acceso carnal, en todos los hechos en calidad de autor".

La denuncia de abuso sexual fue realizada por una mujer oriunda de otra provincia que fue encontrada el día 20 de mayo en un prostíbulo de Obispo Salguero al 700. Testificó que ese era el primer día que había ido, pero no sabía que allí se ejercía la prostitución. Luego de llegar a Córdoba, dijo que a traves de avisos clasificados llegó a una supuesta "casa de masajes". Con una inocencia que sorprendió a los investigadores, relató que nunca se imaginó que se refería a un prostíbulo.

Aquella jornada, según la mujer, Borile habría simulado ser un cliente. Cuando ella se dirigió hacia la habitación donde él esperaba, se encontró con que debía mantener relaciones sexuales. Ante su negativa, el hombre habría exhibido un arma de fuego para someterla.

Ayer trascendió que en las últimas horas la mujer denunció que manos anónimas dejaron debajo de la puerta de su domicilio una carta en la que con letras de diario se leía un mensaje amenazante.

La primera vez. Al parecer, el principal imputado tenía la costumbre de mantener la primera relación sexual con las mujeres que llegaban a los prostíbulos.

Quien también declaró haber tenido relaciones con el supuesto jefe fue un chico de 16 años, que desde enero trabajaba en un burdel de Rivadavia al 500. Según la causa, primero sólo recibía a los clientes y los derivaba a otros travestis que allí ejercían la prostitución.

Posteriormente -según la resolución judicial-, "debido a la necesidad económica que presentaba y a la constante presión ejercida por los dueños del prostíbulo, habría comenzado el despliegue de actividades de índole sexual con las personas que allí concurriesen". De la declaración testimonial del menor se desprende que también Borile habría mantenido relaciones con él unas cinco veces.

Los departamentos allanados están sobre las calles Deán Funes, La Tablada, Obispo Salguero, Santa Rosa, Lima, Rivadavia y La Rioja. En el operativo se halló un auto Mini Cooper que era manejado por Borile, en el que había una gran cantidad de dinero fraccionada en sobres que tenían inscripciones que remitían a esos domicilios.

Además, hay otras 11 personas a las que se les endilgó la figura de trata de persona y facilitación de la prostitución (la concubina de Borile, y 10 mujeres que serían las regenteadoras de los burdeles). En tanto, otra mujer y dos hombres (el padre y el hermano de la pareja de Borile) fueron imputados por "lavado de activos de origen ilícito", ya que figuran como titulares de los autos Mini Cooper, Chevrolet Agile y Hyundai H1, que, según se sospecha, habrían sido adquiridos por Borile.

Según lo investigado por Vidal Lascano, en los prostíbulos las regenteadoras se quedaban con el 50 por ciento de la recaudación diaria. El resto no era repartido en su totalidad entre las mujeres prostituidas, ya que se les efectuaba retenciones en concepto de diversas "multas" que les aplicaban por "faltas" como dejar la estufa encendida, llegar tarde, demorarse en la atención de los clientes o vestir determinadas prendas.

Tras tomar distintas testimoniales, en un plazo máximo de cuatro meses, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes deberá resolver si mantiene o no las imputaciones.