Policía sancionado por sobrefacturación de adicionales

El escándalo por el presunto espionaje ilegal en la Jefatura de Policía de la Provincia tuvo un coletazo que deja al descubierto otra grave irregularidad en el interior de la fuerza.

Uno de los efectivos procesados por la Justicia federal, sospechado de falsificar oficios judiciales para obtener de manera ilegal sábanas telefónicas de particulares, acaba de ser separado de la institución luego de que se detectara que cobró una insólita suma por una cantidad desmedida de servicios adicionales.

Se remitió actuación para que investigue una fiscalía del fuero Anticorrupción, ya que se presume que pudo haberse cometido el delito de “defraudación a la administración pública”. También se abrió sumario interno a los responsables de que esta anomalía no haya sido detectada a tiempo.

El ahora removido de su cargo es el suboficial mayor Rubén Adrián López, quien junto al comisario mayor Ariel Ávila están procesados por el Juzgado federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, acusados de “falsedad ideológica”. Se trata de una causa que comenzó en noviembre de 2009, cuando el jefe de la fuerza era Alejo Paredes, y que incluyó un allanamiento en la Jefatura de Policía. Ávila y López revestían en ese entonces en la División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones (Daic). En concreto, se los acusó de adulterar oficios y falsificar otros para espiar de manera ilegal los llamados de personas y empresas, a través de las sábanas telefónicas.

Los investigadores policiales no pueden intervenir teléfonos de manera directa. Sólo pueden hacerlo con orden judicial a través de la Secretaría de Inteligencia del Estado (ex-Side), por lo que se han especializado en realizar seguimientos a partir de sábanas telefónicas, en las que figuran todas las llamadas entrantes y salientes, además de las antenas que las captaron. Así, un efectivo bien entrenado es capaz de establecer cuáles son los contactos más frecuentes de la persona investigada, además de rastrear, a partir de las antenas, sus movimientos.

El 11 de mayo último, se publicó un informe en el que se dio cuenta de cómo era la presunta maniobra que realizaban los efectivos, además de trazar un panorama de cuál era el objetivo que habrían perseguido.

Pese a que fueron imputados y en marzo último procesados, la Justicia federal jamás investigó para qué y para quiénes se realizaba el presunto delito.

En esa publicación, se advirtió que, aunque se trataba de una causa que lleva más de cuatro años, jamás los dos policías investigados habían sido apartados de la fuerza e incluso fueron ascendidos en ese tiempo.

Tras la nota, desde Jefatura se informó que ambos quedaron licenciados. Días después, un informante hizo llegar a este diario tres planillas de servicios adicionales en las que figuraba López, correspondientes a marzo, abril y mayo de este año. Se trata de los servicios 27083/00, según el registro interno, del área de Violencia Familiar de Tribunales I de la capital provincial.

Lo insólito es que López era lejos el policía que más servicios tenía asignados. En marzo, cubría 20 días del mes (todos hábiles) de 7 a 15, y también figuraba en un contraturno de 15 a 19, en 16 de esos días. En abril, directamente cubría ambos turnos en 21 días hábiles.

Esta información fue contrastada en Jefatura de Policía. El jefe de la fuerza, Julio César Suárez, se sorprendió al leer estos números y ordenó un sumario interno. Si López realizaba todos estas adicionales, ¿en qué momento iba a trabajar a la división Explosivos, donde hoy está asignado? Porque en 21 días hábiles hacía adicionales durante 12 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 19.

La otra duda que surge es quién lo autorizó a realizar tantos adicionales cuando la normativa interna manda que el máximo sea de 10 por mes (de ocho horas), con la posibilidad de que se estiren a 15 si existe una autorización especial, según explicó el jefe policial.

En total, sólo por servicios adicionales, López percibía más de 10 mil pesos mensuales. A esto se le agrega el sueldo en la división Explosivos, donde realizaba tareas de planillas de guardia (no cobraba aún el plus que tiene esta área de la fuerza). A esa área había sido trasladado tras el allanamiento en Jefatura en 2009.

Ante esta anomalía, el jefe de Policía ordenó el inmediato pase a situación pasiva del suboficial mayor López, y se le inició un sumario administrativo en el Tribunal de Conducta Policial.

Al mismo tiempo, se abrió una causa de oficio en la Fiscalía Anticorrupción de turno para que se investigue el presunto delito de “defraudación a la administración pública”.