Piden investigar si taxistas del aeropuerto tenían "conexiones" con municipio o la Policía
Al ratificar que ocho conductores sigan presos por asociación ilícita, una jueza dispuso que se analicen posibles vínculos con funcionarios. Entiende que no podrían haber funcionado por tanto tiempo sin que nadie lo evite.
Ocho taxistas que trabajaban en el Aeropuerto Ambrosio Taravella, de Córdoba Capital, y que están acusados de conformar una asociación ilícita, seguirán detenidos en la Cárcel de Bouwer.
Así lo resolvió en las últimas horas la jueza de Control en lo Penal Económico, Ana María Lucero Offredi, quien además de confirmar las prisiones preventivas para estos hombres acusados de integrar la denominada "mafia de los taxis", dispuso que el fiscal a cargo del caso investigue si es que hay y cuáles son los vínculos de estos conductores con funcionarios de Secretaría de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, la Policía de Córdoba y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA, fuerza de seguridad del aeropuerto).
La jueza de control entiende que estos hombres no podrían haber conformado esta supuesta organización delictiva sin la presunta complicidad de otras autoridades. "La impunidad no sería tal sin colaboración externa", dijo la magistrada.
La resolución por las prisiones preventivas alcanzan a los taxistas: Fernando René Caudana, Jose Alberto Ceballos, Mario Alberto Charras, Mauricio Abel Dómina, Juan Ramón Saavedra, Guillermo Agüero, Rubén Dario López y Sergio Adrián Rajo, informaron fuentes judiciales, quienes indicaron que estas personas integran la autodenominada "Asociación de Taxistas del Aeropuerto Córdoba" (Atac). Dómina está sospechado de ser el jefe del grupo.
La sospecha
La denominada "mafia de los taxis" está sospechada de haber cometido graves ataques contra otros trabajadores del volante que pretenden levantar pasajeros en la aeroestación y que son "ajenos a esa agrupación". En algunos casos, los taxistas fueron víctimas de severas golpizas, en otros casos de graves daños en sus vehículos. La intención es clara: monopolizar todos los traslados de pasajeros.
En su fallo, la jueza Lucero Offredi sugirió al fiscal Pedro Caballero que investigue las posibles conexiones de los acusados con algunos funcionarios o dependencias de la Secretaría de Transporte de la Municipalidad de Córdoba (o sus dependencias), o bien de la Policía de Córdoba, o incluso de la PSA.
"No puede soslayarse que el mantenimiento, a lo largo del tiempo, de esta asociación ilícita -dada sus características y modalidad de los hechos que se les atribuye-, permite inferir mínimamente la existencia de vinculaciones con agentes o funcionarios de distintas reparticiones estatales y no estatales", sostuvo la magistrada.
La jueza, a la hora de confirmar los procesamientos, resaltó que hubo golpes a un taxista; además de amenazas, intimidaciones y hostigamientos a varios testigos.
La magistrada entiende que los imputados no pueden quedar en libertad, ya que constituyen un riesgo para otras personas.
