Las causas grandes cayeron un 38%

Al sudeste manda "el Tuerto", el personaje que hoy parece tener más aceitado el tráfico de cocaína tierras adentro de la ciudad de Córdoba. Con un pasado en la cárcel, este hombre de unos 45 años es nombrado en los cuatro puntos cardinales de la capital provincial como el nuevo "capo". Aunque ya hace varios años que trafica, su poder se fue consolidando en los últimos tiempos. Vivió en el barrio Ciudad de los Cuartetos, luego en Urquiza y su último destino fue Ciudad de Mis Sueños, en la periferia de la vieja ruta nacional 9 sur.Allí su casa siempre fue la más llamativa, pero logró el silencio cómplice, y sobre todo temeroso de buena parte del sector. Fue uno de los primeros en desarrollar en la ciudad casas para comercializar droga en forma de "búnker" (sólo ingresaba el vendedor, por turnos). No obstante, algo sucedió, ya que hace poco comenzó una mudanza. Primero se fue su familia directa, cuyo paradero es un enigma. Luego, él.Hoy no está claro para los investigadores policiales dónde vive. Algunos especulan con que está en la casa de un allegado, cerca de allí, aunque es sólo una conjetura.Pero nadie duda de que continúa inundando de cocaína los quioscos distribuidos en un amplio corredor que tiene a la marginalidad como un denominador común. "El Tuerto" representa la consolidación de un patrón narco más organizado en la capital cordobesa. Fisonomías La mayoría de las bandas, coinciden fuentes de diferentes fuerzas de seguridad, abogados y funcionarios judiciales, responde a una estructura más simple: pequeñas organizaciones articuladas sobre todo alrededor de vínculos familiares, con antecedentes en otro tipo de delitos y que se volcaron al narco tentados por los rápidos beneficios, en contextos de economías precarias. "Más que violentas, son bandas que quieren hacer plata para salir de joda. No son ramificaciones interesadas en blanquear el dinero, por eso no desarrollan estructuras físicas para lavar", describe un investigador de una fuerza de seguridad nacional.De esta manera, el narco es fácil de reconocer en los barrios: sin trabajo formal ni "pantalla" creíble, mejora su humilde casa en poco tiempo, cambia el auto y hace todo lo posible para llamar la atención.Nada que ver con lo que dictaría el manual para este tipo de criminales."Hoy, en Córdoba hay 150 'Chancho' Sosa (un reconocido traficante de Maldonado condenado por la Justicia federal)", concluye una fuente de la Justicia provincial.Pero personajes como "el Tuerto" generan otro tipo de preocupación. Porque revelan que hay traficantes que están pensando el negocio con una lógica más amplia: para consolidarse y trascender. Con todo lo que eso trae aparejado.Y que cuentan con financistas para desarrollar operaciones importantes. Por ejemplo, traer un camión cisterna repleto de cocaína o pasta base desde Bolivia hacia Córdoba.La cocaína también llega mucho vía Buenos Aires y a través de encomiendas desde el norte, según apunta otro especialista en este tema. Merma El auge de traficantes como "el Tuerto" desnuda otra realidad que alarma: una abrupta caída en la provincia de las investigaciones grandes por narcotráfico. De acuerdo con un registro de la Justicia federal, se estima que este año se juzgarán 18 causas por tráfico de drogas a una escala mayor que el narcomenudeo (de competencia provincial).Entre 2014 y 2015, hubo 59 juicios, por lo que el promedio de 2016 descenderá de manera significativa: 38 por ciento menos.La calidad de las investigaciones no es un dato menor. De aquellas 59 causas, 30 correspondían a secuestros de menos de cinco kilos de droga.Y entre los 18 juicios previstos para este año, aparecen cuatro casos de escasa cantidad.La gran mayoría de estos expedientes fueron instruidos por la ahora desaparecida división de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba.Como los juicios llegan con algunos años de retraso, el panorama es más desalentador para el año que viene, ya que las instrucciones judiciales se estancaron hace dos años y medio.Hasta fines de 2012, todo delito de droga era investigado por la Justicia federal. Al adherir la Provincia a la desfederalización, el narcomenudeo pasó a la Justicia ordinaria.Quedó al descubierto, entonces, que casi el 70 por ciento de los casos que se investigaban en Tribunales federales correspondían a ventas pequeñas.Sin embargo, el anunciado propósito de alivianar los juzgados para concentrar los recursos en aquellos "peces gordos" no se hizo realidad.Tras algunos golpes que tuvieron repercusión pública, a comienzos de 2013 Drogas Peligrosas, que hasta entonces realizaba el doble rol de investigar a pequeños y grandes, quedó envuelta en el narcoescándalo (el jefe y seis policías fueron imputados por operativos ilegales, entre otros delitos).Fue entonces que prácticamente todas las investigaciones se paralizaron."Hubo una caída abrupta de las causas cuando se provincializó el narcomenudeo. Antes este tipo de casos representaba cerca del 70 por ciento de las causas que ingresaban. Después del narcoescándalo cayeron las causas grandes, que en su gran mayoría venían de la Policía provincial. No se previó cómo cubrir la falta de la Policía provincial para continuar investigando", sintetizó el fiscal de Cámara Maximiliano Hairabedian.El diagnóstico es compartido en la torre federal.La fiscal Graciela López de Filoñuk, que durante marzo último estuvo de turno, subraya que "todo quedó un poco paralizado", aunque prefiere no ingresar en críticas.En concreto, los funcionarios judiciales reprochan que durante el narcoescándalo no se previó reforzar a las fuerzas nacionales (Policía Federal, Policía Aeroportuaria y Gendarmería) para suplir la parálisis de la Policía provincial, que era la principal proveedora de causas por drogas en la órbita federal.Recién ahora, dos años y medio después, y bajo otra administración nacional, se anuncia la incorporación de un nutrido grupo de gendarmes y el arribo de 500 policías federales. Aunque todavía hay que esperar para que se concrete. Mientras tanto, el tiempo perdido no perdona. El ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba, Carlos Massei, advirtió a poco de asumir en diciembre pasado que en la ciudad había sectores en los que el narco tenía más ascendencia que las instituciones oficiales.El comisario Adrián Salcedo, jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la institución que comenzó a funcionar en mayo del año pasado para combatir la venta de drogas al menudeo en la provincia de Córdoba, advierte que encontraron 25 barrios con una fuerte presencia narco.Frente a esto, se anunció un ambicioso plan para intentar revertirlo, que incluye no sólo la mirada policial, sino un programa educativo y laboral que sólo el tiempo permitirá medir. "Ninjas" En los barrios se extendió el relato popular que marca que "nadie persigue al narcotráfico", según se advierte al recorrer distintos puntos de la Capital. Los "ninjas" de la FPA, que se movilizan en camionetas oscuras y aparecen encapuchados, con ropa camuflada y armas largas, en su momento llamaron mucho la atención en los distintos sectores donde realizaron operativos. Incluso, cuentan los vecinos, hasta hubo una suerte de repliegue pequeño en algunos lugares. Pero la instauración de la FPA continúa generando polémicas.Funcionarios de la Justicia federal, expertos nacionales y de las fuerzas de seguridad federales consultados por este diario cuestionan que al focalizar tantos esfuerzos en el narcomenudeo, se puso un techo demasiado bajo a las investigaciones, que no avanzan en la búsqueda de los proveedores, hacia arriba en la cadena de comercialización y distribución de droga.Estas fuentes pidieron anonimato porque prefieren no entrar en polémicas con la Provincia."La clave es el laburo previo que hay que hacer, más allá de la cantidad que después se secuestra", refiere un agente especializado en este tipo de delito, que pide reserva de su identidad. "Debe buscarse la organización y no la cantidad", explica.Para otro experto que reviste en una institución federal, los escasos avances de las causas grandes también tienen otro costado: los Servicios de Inteligencia (ex-Side).A las falencias tecnológicas (demoras en intervenir teléfonos, no se puede rastrear WhatsApp, hay dispositivos que no se decodifican, entre otras trabas), se sumó un nuevo factor tras la ruptura del Gobierno nacional anterior con los espías.A fines de 2014, se frenaron también las intercepciones telefónicas legales, ya que los servicios secretos ingresaron en una trama de intensa burocratización para intentar paliar el descontrol de aquel momento."Se frenó todo porque no habilitan las escuchas y así no se puede hacer ninguna investigación seria", resumió el agente.Diferentes análisis que explican una realidad que es mucho más que una señal de alarma.